Política

En una ajustada votación, la Legislatura avaló el acuerdo sellado entre Gobierno y la ANSES

A partir que la nueva ley sea promulgada el Ejecutivo Provincial no podrá hacer ninguna reforma al sistema jubilatorio y deberá evitar pago de sumas no remunerativas en la política salarial para los empleados públicos. En el convenio también se asume el compromiso de intercambio de información de los beneficios del sistema previsional.

USHUAIA.- La Legislatura avaló por ley el acuerdo que la gobernadora Rosana Bertone selló con la ANSES, por el cual asumió el compromiso de mantener la nueva ley de jubilaciones, que adecuó el régimen provincial a normativas análogas nacionales y evitar todo pago de sumas no remunerativas en la política salarial para los empleados públicos.

El proyecto fue aprobado por mayoría (ocho votos a favor y siete en contra), atento que los legisladores de la bancada del Movimiento Popular Fueguino no acompañaron el acuerdo, como tampoco el legislador radical Oscar Rubinos, ni los integrantes de la bancada del Frente para la Victoria, Ricardo Furlan y Ricardo Romano. De todas maneras, sin estas voluntades, el asunto prosperó con la ayuda de los radicales aliados a Rosana Bertone: Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende.

La sesión de la Legislatura fue presidida por la vicepresidente primera, Myriam Martínez, atento que Juan Carlos Arcando estuvo ayer a cargo del Poder Ejecutivo por ausencia de la gobernadora Bertone, quien viajó a Capital Federal.

Con la ley sancionada por el acuerdo Gobierno y ANSES, el actual Ejecutivo asume los siguientes compromisos:

-Mantener la adecuación normativa relativa al cómputo del promedio de los últimos 120 meses en el procedimiento para la determinación del haber inicial de las jubilaciones.

-Mantener la eliminación efectuada a través de la ley 1076 de la compensación de excesos de años de servicios con años de edad faltantes.

-Mantener la adecuación efectuada por ley 1076 de edad mínima de acceso a la prestación por edad avanzada fijada en 70 años.

-Mantener la eliminación efectuada a través de la ley 1076 de regímenes que posibilitan el acceso a prestaciones sin edad mínima.

-No realizar modificaciones normativas de cualquier rango o jerarquía que agraven el déficit del sistema previsional provincial.

-Eliminar la inclusión de sumas no remunerativas en las políticas salariales para el personal de la administración pública provincial.

A cambio el Estado nacional asume el compromiso de contribuir al financiamiento del Régimen de Previsión Social para el Personal de la Administración General y Docentes de la provincia.

En caso que la Provincia dicte normas de carácter previsional de cualquier rango y jerarquía, que impacten en la configuración del déficit del sistema previsional provincial, los mayores costos resultantes de las mismas quedan excluidos del financiamiento por parte del Estado nacional y estarán a cargo exclusivo de la Provincia.
Cuestión de datos

En el convenio también se asume el compromiso de intercambio de información de los beneficios del sistema previsional de Tierra del Fuego, entendiendo que el mismo “contribuirá a promover el desarrollo, la modernización y la economía administrativa integral, en donde los recursos y procedimientos técnicos sean aprovechados y aplicados con criterios de transparencia, eficacia, eficiencia, austeridad y celeridad en beneficio de los administrados”.

“El intercambio de información se realizará a través del Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información (SITACI) y estará vigente durante dos años, siendo prorrogable automáticamente por única vez y por idéntico plazo”, dice el convenio.
Retiro de policías

Otra ley sancionada por mayoría, sin acompañamiento de la bancada del MPF, fueron las modificaciones a las leyes provinciales 735 (ley orgánica de la Policía) y 835 (régimen previsional para el personal policial provincial, territorial y del Servicio Penitenciario).

Una vez que entre en vigencia la nueva ley, el nuevo personal que ingrese a la Policía y al Servicio Penitenciario deberán contar con 35 años de servicio para acceder al retiro, en el caso de los oficiales y 30 años de servicio para los agentes subalternos.

La norma sancionada busca la sustentabilidad del sistema en el tiempo y que de tal manera se puedan garantizar las prestaciones a los agentes retirados. Además, incorpora herramientas tendientes a incrementar la capacidad de negocio de la Caja de Retiro, con miras a establecer un fuerte plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo.

Salud, vivienda, previsión social, seguridad, figuraron entre los temas de mayor debate en el recinto. El Orden del Día alcanzó los 65 asuntos.