AGENDA MALVINAS

Malvinas, a dos años del pacto Foradori-Duncan: Entre la estrategia hemisférica de Gran Bretaña y el derecho soberano de la Argentina

*por Alejandro Betts


Desde la Vuelta de Obligado en adelante, contadas han sido las excepciones en que nuestro país defendiera su integridad territorial sin claudicaciones. Desde 1810 la Nación pierde a manos de la diplomacia y las presiones británicas, significativas porciones de lo que en un principio fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así, la estrategia británica a la que los anglófilos del pensamiento liberal fronteras adentro respondieron fielmente; logró balcanizar la región conformando pequeños estados-tapón con los que obstaculiza hasta la fecha, la concreción del ideal de los latinoamericanos de Patria Grande. Son numerosos los litigios y guerras entre países vecinos alentados por los intereses anglonorteamericanos en los que luego terminaron apareciendo como mediadores, emitiendo fallos de acuerdo con sus propias conveniencias. Muchos de estos dictámenes pesan en contra de nuestros reclamos hasta nuestros días, como sucedió en el caso del canal Beagle. La excepción de la modernidad es el caso del Lago del Desierto, con Chile, cuando el laudo de la Corte Internacional de Justicia fue favorable a nuestro país.

Remontando historia, Paraguay se separa de las Provincias Unidas en 1811 y la Banda Oriental -hoy la República del Uruguay-, en 1828. Luego, en 1878 se pierden 300 mil kilómetros cuadrados del Chaco boreal por el laudo arbitral del presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes. Veinte años más tarde, 1898, otro laudo de un presidente estadounidense, Grover Cleveland; otorga 20 mil kilómetros cuadrados del territorio de Misiones al Brasil. Luego en 1899, parte de la provincia de Atacama es transferida a Chile en virtud del laudo arbitral de William Buchanan, también diplomático norteamericano.

Como consecuencia, la Argentina desde sus comienzos careció -a diferencia de Chile y Brasil, por ejemplo- de una geopolítica propia que se hiciera carne en el conjunto de la Nación.

Los períodos federales, yrigoyenista y peronista, en los que se trazaron líneas hacia un concepto defensivo e integrador del espacio nacional fueron abortados por imposición de los intereses liberales atados al carro de la potencia dominante: el Reino Unido. Esta pugna de concepciones entre “el liberalismo” en los inicios “del nacionalismo”, continúa manifestándose hasta nuestros días, lo cual impide superar la debilidad del país frente a sus adversarios.

La Cuestión Malvinas

El caso de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur es demostrativo de la conducta disímil que, sobre el particular, asumieron los gobiernos populares y los gobiernos liberales. Esta disimilitud se hace presente temprano con el feroz pillaje cometido por la fragata norteamericana “Lexington” en Puerto Soledad, en diciembre de 1831, hecho que se produce en medio de los esfuerzos del gobierno de Juan Manuel de Rosas para reafirmar la soberanía argentina en el Río de la Plata y el Atlántico Sur con el poblado argentino en Puerto Soledad, Malvinas. Este último había estado asediado por navíos estadounidenses y británicos a los que el gobernador argentino Luis Vernet combatió sin descanso, exigiendo a los intrusos depredadores de las grandes concentraciones de mamíferos y cetáceos en las islas que cumplan con la legislación argentina con respecto a las actividades de caza y pesca. Rosas reaccionará de inmediato y con firmeza, tanto frente a Estados Unidos como a Gran Bretaña, que apenas 13 meses después ocupa Puerto Soledad con la corbeta “Clio”.

Hasta 1849 la Argentina de Rosas mantendrá una permanente y enérgica reivindicación de los territorios ocupados. Esta actitud contrasta con la que siguió el gobierno de Buenos Aires luego de la batalla de Caseros y la llegada de Urquiza al poder. Durante casi un siglo las gestiones argentinas se reducen a los aislados reclamos del embajador en Washington Vicente Quesada en 1887, y la protesta del canciller Ángel Gallardo en 1927.

En 1934 la solitaria voz de Alfredo Palacios en el Senado de la Nación vuelve a recordar el despojo británico. Pero es recién en 1947, a instancias de un pronunciamiento de la Cámara de Diputados, cuando la Cancillería argentina plantea una nueva reserva ante Gran Bretaña. Durante el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón nuestro país obtiene significativos avances diplomáticos en el reclamo de las Malvinas, sentando valiosos precedentes; a la vez que desconoce las llamadas “dependencias” de Malvinas -Georgias del Sur, Sándwich del Sur- en el sector subantártico y clasifica de “invasión” la ocupación británica de Puerto Soledad del 3 de enero de 1833. Luego vino la Resolución 2065(XX) aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1965, que llamó a negociaciones directas al Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las Malvinas, mérito obtenido bajo el gobierno del doctor Arturo Illia.

Esta resolución es la piedra angular de las sucesivas reivindicaciones argentinas para la reunificación de la integridad territorial nacional con la recuperación de soberanía plena sobre el archipiélago malvinero.

Hasta 1975 parecía que los ingleses iban a respetar los términos de dicha resolución, pero, con la comprobación científica de la potencialidad de los recursos naturales vivos y no renovables en la zona de la disputa, el Reino Unido retaceó en sus obligaciones claramente definidas en la 2065(XX), con relación a las negociaciones directas por la soberanía de las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

30 años de pérdida acelerada de soberanía

Posterior a la guerra de 1982, la década de los 90’ inauguró un acelerado debilitamiento de la posición nacional sobre la Cuestión Malvinas al soslayarse la discusión de soberanía y tomando una postura de pasividad ante la penetración de la OTAN en el Atlántico Sur y su proyección Antártida. En este contexto, nuestro territorio insular malvinero y subantártico, nuestros recursos naturales en las áreas adyacentes, fueron sacrificados a los fines de una estrategia ajena y que poco y nada tiene que ver con nuestras necesidades y carencias nacionales.


No existe en el mundo nación alguna que pueda oponerse a la ambición de las grandes potencias, si carece de un poder sólido obtenido de su desarrollo económico y de su unidad nacional en base de una autonomía real.

Otro aspecto complementario a ello es la unidad e integración con otros países regionales, interregionales y multilaterales que comparten esta problemática; resultando indispensable para gravitar en el concierto internacional en condiciones de ser escuchado y respetado. Aquí, la desintegración de la UNASUR es una complicación negativa para esa unidad, como así también la penetración de las fuerzas armadas extranjeras en territorio nacional con pretextos varios.

Por mandato constitucional, la política exterior es fijada por el presidente de la República y es el jefe de Estado quien designa al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que instrumente sus decisiones políticas en la que se refiere a nuestro país y su relación con el mundo. En el tema que nos ocupa -la recuperación plena de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes-, la realidad nos está diciendo a gritos que la estrategia elegida por los distintos gobiernos que estuvieron en el poder durante las últimas 5 décadas no nos ha dado los resultados satisfactorias que se esperaban, porque esa planificación política ha fracasado estrepitosamente hasta el punto tal que la contraparte, la potencia ocupante en nuestros territorios a través de hechos consumados; ha consolidado y ampliado su presencia y hoy se ampara en derechos que únicamente un estado ribereño puede ejercer en la zona de disputa.

Tal vez, la falla en este sistema de funcionamiento radica en que no siempre el poder político de turno siguió el consejo o sugerencias provenientes del cuerpo diplomático del Servicio Exterior y sus equipos de asesores. Así se cayó en gruesos e imperdonables errores de apreciación y, fundándose en ellos, en trágicas y desacertadas decisiones políticas, en especial, en el “paraguas de soberanía”. Posibles alternativas a propuestas que vinieron de Londres en el pasado fueron desatendidas y los resultados son por todos conocidos. Por lo tanto, es menester proponer como requisito básico y fundamental, fortalecer el poder nacional, de modo tal que sobre ese eje deben converger los esfuerzos del Estado y la sociedad, máxime en momentos de amenaza o agresión directa a la soberanía de la Nación, como ocurre en la actualidad.

Defender la Patagonia y fortalecer la unidad latinoamericana

En ese sentido, el interés nacional permanente de nuestro país debe ser el de lograr las mejores condiciones para defender nuestro territorio patagónico continental e insular, abandonado y amenazado por la transnacionalización de tierras y sus recursos. Desarrollando al máximo nuestras potencialidades para recuperar el territorio insular usurpado hace 185 años. Para ello, se debe poner en la práctica una política nacional coherente con respecto a la región patagónica, áreas marítimas y australes, y a la Antártida e islas del Atlántico Sur. No es concebible sino como una proyección vigorosa del poder nacional desde el territorio continental, particularmente de la Patagonia; que es la región de natural gravitación en lo que hace a posibilidades de infraestructura, medios de comunicación, ámbitos de investigación científico-técnica.

El gobierno nacional debe asumir entonces una concepción geopolítica (si es que la tiene) que propenda a la conformación de una región independiente que comprenda a Latinoamérica y posiblemente el Caribe también- aunque éste último sería tema de debate dado la fuerte presencia anglófila en esta región -, e incorpore el Atlántico Sur como elemento de enlace y continuidad entre el Pacífico y el Atlántico y se proyecte además en defensa del sector antártico latinoamericano.

Ello impondría una acción estratégica nacional que considere como principio irrenunciable el derecho irrestricto al uso del mar en sus múltiples aspectos, el derecho a ejercer acuerdos sobre los recursos marinos con quien más nos convenga, no como en la actualidad, cediendo cada vez más a las demandas de los isleños para consolidar sus actividades unilaterales en el mar argentino; realizando el control necesario para ejercer la vigilancia efectiva sobre nuestra soberanía.

Sin el ejercicio de estos principios, más allá de los sectores políticos y de quien gobierne ocasionalmente el país, no será posible ninguna acción que permita la recuperación, control y ejercicio de su soberanía histórica sobre la totalidad del territorio nacional.

El deber de informar para que el pueblo sepa “de qué se trata”

Las autoridades tienen el deber y la responsabilidad de exponer al pueblo la situación de agresión y conflicto real que ha creado el Reino Unido en el Atlántico Sur al consolidar y extender su ocupación en los territorios argentinos (base militar en Malvinas, guarnición militar permanente en Georgias del Sur, depredación de recursos naturales, etc.). El avance de una potencia extranjera en cualquier parte del suelo nacional es un problema de la Nación en su conjunto y como tal debe ser marcado en este contexto.

Desde el retorno de los gobiernos democráticos en 1983 hasta la fecha, ningún presidente se ha dirigido al país para abordar un asunto de la gravedad del que nos ocupa. No representa ningún crimen el de alertar la conciencia nacional en defensa de la dignidad y soberanía, efectuando una enérgica campaña de difusión y la convocatoria a todos los sectores a discutir la problemática integral del Atlántico Sur, incluyendo la región patagónica, vulnerable frente a las amenazas de la potencia Águila agresora.

En ese contexto, este 13 de septiembre marcó dos años de vigencia del Comunicado Conjunto anglo-argentino, conocido como el “Pacto Foradori-Duncan”. Este documento sin firmas ni rúbricas fue anunciado oficialmente -notoriamente informal- por el entonces secretario de Relaciones Exteriores de nuestro País, embajador Carlos Foradori, y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Asuntos Exteriores y Comunidad Británica, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alan Duncan.

Esa informalidad tenía su razón de ser: instalar en la creencia pública de que se trató de un acuerdo inerme para la parte argentina que no debería generar mayor preocupación en la ciudadanía. Sin embargo, en los hechos, este instrumento está lejos de ser un inocente papelito de carácter inofensivo para la República.

El Pacto Foradori Duncan contiene concesiones explícitas a favor del Reino Unido que consolida su presencia en las Islas Malvinas y, a través de ella, la penetración y permanencia en el Atlántico Sur de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sin mención alguna a reales o supuestos beneficios o contraprestaciones para nuestra República ni a corto, mediano o largo plazo, imponiendo todas las concesiones a la parte argentina.

Es decir, lo acordado por Foradori y Duncan constituye un vínculo jurídico entre la República Argentina, por un lado, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el otro, con peso de tratado o convenio internacional, en tanto y en cuanto establece derechos y obligaciones para las partes en el plano del derecho internacional. De nada sirve argumentar que las condiciones de cumplimiento del mismo están amparadas por el famoso “Paraguas de Soberanía”. Como decía un reconocido político catamarqueño de la década del 80:“pura cháchara”.

Este pacto, y el fenómeno jurídico que representa; viene a complementar el desarrollo de beneficios para la parte británica que obraron en detrimento de nuestro país en la década de los 90. Para identificarlos con nombres propios: los llamados entendimientos provisorios argentino-británicos bajo fórmula de soberanía en materia de la conservación de los recursos ictícolas y en la materia hidrocarburífera. El peligro mayúsculo que surge del Comunicado Foradori-Duncan de hace dos años, radica en la promoción de un acuerdo multilateral para la ordenación de la pesca en alta mar, conducente a un futuro reconocimiento del Reino Unido por la comunidad internacional como estado ribereño del Atlántico Sudoccidental.

*Alejandro Betts. Es cuarta generación de isleños nacidos en las Islas Malvinas, es fueguino y tiene documento argentino. Es veterano de la guerra de 1982 y peticionante ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en defensa de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Es miembro de la Fundación Malvinas y asesor técnico del Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego. Nació en Malvinas el 28 de octubre de 1947 y vive en Agua de Oro, Provincia de Córdoba.

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