Los inquilinos de un complejo de cabañas del empresario Lázaro Báez en Tolhuin se rebelaron en las últimas horas contra el corte de servicios en las instalaciones.
Se rebelaron en las últimas horas contra el corte de servicios en las instalaciones y exigieron hablar con un representante directo del empresario santacruceño.
TOLHUIN.- Los inquilinos de un complejo de cabañas del empresario Lázaro Báez en Tolhuin se rebelaron en las últimas horas contra el corte de servicios en las instalaciones, y exigieron una reunión con un representante directo del empresario santacruceño, que sigue detenido por causas de corrupción.
El problema deriva de la investigación judicial que lleva adelante la Justicia de Río Grande contra el cuidador de las cabañas ubicadas en la cabecera del Lago Fagnano.
A instancias del juez Federal Sebastián Casanello, su par fueguino, Daniel Césari Hernández, inició una causa contra el administrador de la propiedad, Rubén Siles, de 44 años, por una presunta defraudación contra el propio Báez.
El cuidador está acusado de haberse quedado unilateralmente con la administración del complejo, lo que incluye el cobro de alquileres y el pago de sueldos y servicios.
Desde entonces comenzaron a acumularse “deudas impagas por los servicios de luz, agua y gas”, hasta que finalmente “la empresa prestadora de gas cortó el suministro en varias de las cabañas”; contó una fuente ligada al caso.
La situación hizo eclosión y los inquilinos comenzaron a organizarse y exigieron un encuentro con un representante directo de Badial SA, la constructora de Báez que figura como titular del inmueble.
El que se presentó como cara visible de la empresa fue el abogado de Río Grande, Fernando Lapadula, que en declaraciones a Radio Fueguina explicó su versión de lo sucedido.
“El problema que se suscitó es por falta de gas a raíz de una cuestión administrativa con la empresa Camuzzi Gas del Sur. Mientras se solucionaba el inconveniente, Badial trasladó a los inquilinos a otras cabañas donde se pagaba por día, pensando que esto iba a demorar cuatro o cinco días, y resulta que el tema se extendió un mes, entonces el costo ya no se podía afrontar”, contó el letrado.
Lapadula reconoció que no solo fue contratado por Badial SA para intervenir en este asunto, sino que además asesora legalmente a Siles en la causa donde está acusado de estafar a Badial.
“A mí me contrató Badial hace unos meses como abogado en la provincia para hacer un desalojo. Como cualquier abogado evalué si lo podía hacer, le pasé mis honorarios, y comencé una acción de desalojo de una vivienda. Posteriormente surgió este tema (de las cabañas)”, relató.
Luego, al referirse a la causa contra Siles, sostuvo que “se va a solucionar y aclarar en breve. Ocurre que cuando se hizo el allanamiento de las cabañas (en octubre del año pasado) en uno de los interrogatorios de rigor, a él le preguntaron y contestó que las cabañas estaban alquiladas y que cobraba los alquileres. El juez de Buenos Aires interpretó esa frase como que se estaba quedando con los alquileres, y por eso mandó un oficio denunciando una posible estafa en perjuicio de Badial SA o de su titular Lázaro Báez”, señaló.
Según Lapadula, “yo hablé con los apoderados de Badial y confirmé que Siles tiene un contrato de mandato por el cual administra la propiedad, cobra los alquileres, usa parte de ese dinero para el mantenimiento del lugar y el resto lo deposita en una cuenta de Badial”.
“Con ello se aclarará todo y no tengo la menor duda de que se va a archivar la causa”, dijo quien ahora defiende al acusado de estafar a la empresa y, a su vez, representa a la empresa en el contencioso con los inquilinos.
El letrado recordó que el complejo de cabañas se adquirió y remodeló con fines turísticos, pero que ante la detención de Báez, y los embargos sobre sus bienes, se decidió alquilarlo por mes para que las construcciones no fueran usurpadas y poder mantener el predio.
