La modificación del proceso productivo de celulares demandó dos años de debate entre Nación y las cámaras que nuclean a las empresas fueguinas. Sin embargo, medios especializados destacan este avance que favorece la integración de insumos nacionales a la producción de Tierra del Fuego.
BUENOS AIRES.- Tras casi dos años de diálogo y debate entre las autoridades nacionales y las cámaras que representan al sector de producción de insumos y productos electrónicos –como la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) y la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), entre otras–, a fines de noviembre la Secretaría de Industria aprobó la Resolución 1219/2015, que establece una renovación del proceso productivo de los equipos de telefonía móvil que se fabrican en Tierra del Fuego. La norma exige la incorporación de nuevos componentes producidos en la Argentina, como cables, cargadores y baterías.
“Estos nuevos procesos que integran partes nacionales no solamente tienen un efecto directo en la industrialización de la isla, sino también en el proceso de industrialización de otras provincias, como Buenos Aires, donde están localizados los proveedores”, dice Juan Ignacio García, secretario de Industria de Tierra del Fuego en diálogo con la Agencia TSS.
La noticia fue bien recibida en general, aunque la búsqueda de consenso no estuvo libre de controversias, en particular en lo que se refiere a los requerimientos impositivos sobre algunos de los componentes nacionales que se incorporarán al proceso productivo. Según el funcionario, mientras que en el caso de la nacionalización de folletería, cables USB y cargadores de baterías en porcentajes importantes “se generó rápidamente un acuerdo”, hubo dos puntos en particular en los cuales la provincia y los fabricantes mantuvieron una posición más cautelosa y en los que finalmente se acordó un proceso gradual: la sustitución de tornillos y baterías para celulares.
“El trabajo que se hizo fue muy bueno, aunque en estos dos puntos no nos poníamos de acuerdo”, afirma García y explica que, en el caso de los tornillos, el planteo fue que no era un insumo significativo en la producción nacional y que, además, tenía un costo “relativamente bajo”. Sin embargo, nacionalizarlo implicaría el riesgo de aumentar la cantidad de residuos derivados de la producción, debido a que muchos de los kits que importan las marcas para armar los celulares ya los incluyen y es difícil evitar que eso suceda. “No significa que eso vaya a ocurrir, pero el celular es un producto que se fabrica de a millones y no queríamos correr el riesgo de terminar con millones de tornillos en la provincia con los cuales no sabríamos qué hacer”, advierte el funcionario.
En cuanto a la incorporación de baterías nacionales en reemplazo de las importadas, según García, el planteo de las marcas se vinculaba con la dificultad que representaba para ellos la incorporación de estos componentes, mientras que la provincia pedía que se exigieran volúmenes menores, “en función de que todavía no existe un mercado de baterías nacional desarrollado y de que es difícil articular logísticamente un producto fabricado en otros países con este componente tan crítico fabricado localmente”.
