El barrio 10 de Noviembre, en la Margen sur, se ubica en uno de los predios expropiados por el Gobierno provincial. Desde hace meses las 105 familias que viven en él, esperan que el IPV comience por lo menos a abrir las calles y los accesos al barrio, levantar el terreno y comenzar a conectar los servicios básicos, cloaca, agua, y electricidad. Hasta ahora, no tienen respuesta.
RIO GRANDE.- Cada vez que llueve, a los habitantes del Barrio 10 de Noviembre, los inundan lo problemas. El predio que fue expropiado por la Provincia, y pasado al IPV para que realice la urbanización. Desde marzo de este año, los vecinos reclaman que las lluvias, y la falta de cloacas provocan que el área se inunde y vuelvan a la superficie las aguas servidas.
El barrio abarca ocho calles: Pasaje Dr. Moreno, Pasaje Salta, Calle Los Patriotas, Pasaje Güemes, el Pasaje Belgrano, Calle Pitón, Pasaje Belgrano, y calle Juan José Paso y parte de la calle Ara Gral. Belgrano. El acceso principal al 10 de Noviembre es la calle Los Patriotas. Según los propis vecinos es un área de terreno muy bajo, por lo que el drenaje, y la correcta apertura de las calles son urgentes.
“Lo que nosotros necesitamos es que se haga cargo de la parte que le corresponde el IPV. Cuando el Gobierno expropió los demás barrios, también expropió éste. Y automáticamente le pasó la responsabilidad al IPV, para que ellos respondan por nosotros. Para que comenzaran las obras para después poner los servicios básicos”, explicó Susana González, presidenta de la comisión barrial.
Y continuó: “Una vez que nosotros tenemos los servicios podemos salir a flote, porque no vamos a tener agua estancada en nuestras viviendas, porque no solamente es agua, que cae del cielo, sino que es agua de baño. Agua servida, y a raíz de eso nosotros estamos teniendo gente con complicaciones de salud, tanto respiratorias, como de erupciones en la piel”.
Desde marzo, de este año, que además fue uno de los más lluviosos de los últimos años, las familias del 10 de Noviembre, luchan para no quedar bajo agua. Desde Obras Públicas del Municipio, asisten de forma paliativa con rellenos de terreno, y apertura de calles, para garantizar el acceso de los vecinos al barrio de los camiones que reparten los tubos de gas, y para cualquier vehículo que debiera llegar al barrio en caso de emergencia.
Pero no es suficiente. El agua se acumula en las calles, y al levantar las calles, al no tener ningún desagüe, entra a los terrenos y las casas.
“Antes estaba peor -comenta la vecina mientras recorre los pasajes del barrio-. Todo el mundo se sorprende hoy por las malas condiciones de las calles pero la verdad, es que estaban peor”.
En cuanto a la situación legal de los terrenos, los vecinos, también esperan la resolución del trámite que les permita comenzar a pagar por sus terrenos: “Nosotros tenemos que empezar a pagar. Ya nos pidieron todos los requisitos, la documentación necesaria, hace tiempo, pero no hay respuesta. No tenemos idea qué va a pasar con nosotros. Al no empezar a cobrarnos, no empiezan a trabajar, y nosotros seguimos en la espera. Nosotros queremos pagar, queremos vivir dignamente, y no tener estas complicaciones. Somos seres humanos, tenemos niños también en nuestras casas y personas mayores”, manifestó González.
“Yo me siento abandonada por el gobierno como referente barrial, cada vez que tengo hablar con mis vecinos… la última nota la mandé el 24 de agosto, pidiendo información por escrito. Porque supuestamente ahora el 20 de septiembre iban a empezar con las obras, pero lo que queremos es que se comprometan por escrito con una fecha. Hasta el día de hoy no tengo una respuesta”, agregó la referente barrial.
Esta fecha fue anunciada, según González por Joel Colli, delegado del IPV. En esta reunión además, los vecinos recuerdan que estaban presentes también Mauro Andrés Coronel, secretario de Vialidad, y Valeria Sánchez, secretaria de Planificación Territorial. Sin embargo, hasta el día de hoy, no recibieron notificaciones, ni visita alguna de las autoridades para informarles sobre el comienzo de las obras, y aún más, las complicaciones continúan.
El grupo de vecinos que vive en el Pasaje Dr. Moreno, últimamente no tiene forma de acceder a los frentes de sus casas. Deben ingresar por la Calle Rafaela Ishton y pasar, sobre los terrenos que el Ministerio de Desarrollo Social ocupó con 3 casillas, módulos sociales, destinados a asistir a mujeres que sufren violencia de género. “En la calle Dr. Moreno y Rafaela Ishton, están desde hace unas semanas los módulos sociales. Son 10 casas las que tienen que colocar. Hicieron llegar los servicios hasta ahí no más: cloaca, agua corriente, electricidad. Pero de ahí para acá no, y la verdad es que no hay mucha distancia, son 200 metros solamente. Cuando ingresaron los módulos, ellos empezaron a tirar relleno, aplanaron, y rellenaron hasta que llegó un momento que esas casas quedaron allá arriba y el resto se llenó de agua. En una mesa que tuvimos con el grupo de funcionarios, nos dijeron que esa parte del barrio no va a tener servicios hasta que no se desaloje, porque ese lugar está judicializado. A veces, lo que sentimos como vecinos es que quieren sacarnos de ese lugar por cansancio. Que a la gente la quieren desalojar, entonces les quieren ganar por cansancio, haciéndolos padecer para que se vayan”, denunció González.
Mientras tanto, quienes sí tienen servicio de electricidad, pagan las tarifas más caras de la ciudad. “Nosotros, además, pagamos la luz más cara del país. Estamos pagando entre 2500 y 5000 pesos de luz. Como luz de obra, para vivir así”.
Cecilia Cornejo, vecina del 10 de Noviembre es sostén de familia, su esposo y su hijo, no pueden trabajar por problemas de salud. En el barrio 10 de noviembre le prestaron un predio que luego el IPV le cedió de forma definitiva. Hoy, padece cada día las consecuencias de vivir en el medio de un gran charco de agua. “A mí me hicieron hacer todos los papeles. Vino acá el Director del IPV y él me dijo que no podía seguir viviendo en estas condiciones. Que aguantara unos dos o tres meses, que me iban a traer el módulo social. Y pasó el tiempo. Después vino el delegado del IPV, también vieron mi casa, y me dijeron que hacían falta 7 camionadas de relleno, pero me mandaron una y cuando reclamé las demás, me dijeron que con eso era suficiente”, relató la vecina.
Una de las mayores preocupaciones de los vecinos es que muchas veces, los camiones que llevan el agua, el gas, no pueden llegar a todo el barrio, como tampoco los vehículos de emergencias; “en caso de una emergencia, estamos muy mal. Hace unas semanas, un hombre mayor se descompuso y la ambulancia no pudo pasar. Si acá tienen que llegar los bomberos, la verdad es que no pueden, tienen que dejar que el fuego se apague solo”, detalló Susana.
“Acá hay familias viviendo desde hace cinco años. Y esta gente asumió un cargo y ahí se dio cuenta que acá había un barrio. Hoy nuestro problema es que si llueve o rebalsan los pozos, el agua no tiene por dónde salir. Necesitamos un desagüe para poder vivir mejor”, concluyó la referente barrial.
