BUENOS AIRES (NA).- En el sexto aniversario de la tragedia ferroviaria de Once, el presidente Mauricio Macri recibió ayer a familiares de las víctimas, quienes reclamaron que el Gobierno impulse proyectos para modificar los códigos Civil y Penal, a fin de a endurecer los castigos para funcionarios que cometan delitos de corrupción.
“El Presidente se comprometió a seguir escuchándonos cada vez que tengamos algo que transmitirle. Quedó como un primer encuentro, con ambas partes con predisposición para seguir solucionando temas puntuales”, sostuvo María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, uno de los pasajeros que perdió la vida en el accidente en la Estación de Once del 22 de febrero de 2012.
Pese a que el juicio del caso condenó a 21 personas por responsabilidad en el hecho, los implicados apelaron el fallo por lo cual aún no hay presos, situación que despierta malestar en los familiares de las víctimas.
“Luego del juicio, (los condenados) deberían haber ido a la cárcel y recién después apelar, esto se los trasmitimos al Presidente”, sostuvo al respecto Luján Rey.
El próximo 5 de marzo deberá pronunciarse el tribunal de Casación sobre las apelaciones de los condenados, pero estos “tienen 21 días hábiles más para presentarse y los tiempos se siguen dilatando”, se quejó la madre de Lucas.
“Necesitamos que se modifiquen cuestiones de los códigos, que surjan nuevos proyectos de ley, como el de extensión de domino, que los funcionarios devuelvan lo que robaron”, planteó la representante de los familiares, quienes atribuyen a la corrupción gubernamental la génesis del fatal episodio que acabó con la vida de 52 personas.
La ley de extensión de dominio promueve la persecución de toda clase de activos que integren la riqueza derivada de la actividad criminal y los fondos recaudados serían destinados en partes iguales a programas de transparencia y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de las instituciones con competencia en la prevención, la investigación y la persecución de los delitos contra la administración pública e inversiones en infraestructura y equipamiento en materia educativa.
De acuerdo al juicio por la causa de Once, existía un entramado de corrupción en el área de Transporte que desviaba fondos para el mantenimiento de los trenes a bolsillos de funcionarios y empresarios.
Actualmente, está abierto el juicio oral y público contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital.
En este caso, De Vido es juzgado por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado y por defraudación a la administración pública, junto a Jorge Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
TRAGEDIA DE ONCE
Familiares reclamaron la ratificación de condenas
BUENOS AIRES (NA).- Los familiares de las 52 víctimas de la Tragedia de Once reclamaron ayer, a seis años del siniestro, que la Cámara de Casación Penal ratifique las 21 condenas contra los trabajadores ferroviarios, empresarios y exfuncionarios nacionales que fueron condenados por ese hecho.
Durante un acto realizado en la estación ferroviaria, los familiares apuntaron una vez más contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.
A De Vido lo calificaron como “el intocable y todopoderoso ministro de Cristina Kirchner” y aseguraron que “la corrupción generada desde su área causó el mayor accidente ferroviario”.
El acto comenzó poco antes de las 8:32, hora en que ocurrió el hecho, y cuando los familiares hicieron sonar una sirena durante un minuto.
Luego leyeron cada uno de los nombres de las personas fallecidas y pidieron que los condenados por el hecho cumplan condena de “cárcel”.
El documento consensuado por los familiares fue leído por María Luján Rey y Paolo Meneghini, padres de Lucas, uno de los jóvenes fallecidos hace seis años, encontrado muerto días después de la tragedia en el interior de la formación.
Los familiares también apuntaron contra los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, a cargo de la concesión del Sarmiento cuando ocurrió el accidente.
Durante el acto, Mónica Pontiroli, mamá de Tatiana, una de las fallecidas, sostuvo que aquel día los 52 fallecidos “iban a trabajar, estudiar y contagiar alegría” y sostuvo que, tras la tragedia, la vida de los familiares fue “una lucha en búsqueda de justicia”.