La gobernadora Bertone intimó a la empresa china a pagar más de 375 millones de pesos

Gobernadora Rosana Bertone.

Lo hizo luego de rechazar un recurso que presentó la empresa china TFEQ SA, contra el Decreto por el cual se rescindió el convenio de comercialización de gas. Hubo una minuciosa respuesta, punto por punto, por parte de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia.

USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone rechazó un recurso de reconsideración que interpuso la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA; contra el Decreto 1426/16 que determinó la rescisión del contrato de comercialización de gas de regalías, más conocido como “Convenio Chino”, e intimó además a la empresa a abonar la suma de 4 millones 903 mil dólares en concepto de intereses por falta de pago del segundo adelanto y 274 millones 912 mil pesos en concepto de remanente de compensación por multas.

Mediante el Decreto 1426 del año 2016, la Gobernadora Bertone había dejado sin efecto el convenio firmado en el 2010 entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. para la venta de gas proveniente de regalías. La decisión está fundamentada en los reiterados incumplimientos en los que incurrió la empresa, entre ellos un segundo pago que nunca se efectivizó, como tampoco la construcción de la anunciada Planta de producción de urea.

La Empresa interpuso un Recurso de Reconsideración contra dicho Decreto en los términos del artículo 127 de la Ley Provincial 141. El escrito de más de 90 carillas fue respondido minuciosamente y punto por punto por la Secretaría Legal y Técnica.

En el año 2010, la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos suscribió un convenio con la firma de capitales chinos constituida como “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” acordando la venta de gas para su industrialización.

El Convenio establecía que la empresa debería realizar pagos adelantados por la compra del gas y cumplir con requisitos que iban desde estudios de factibilidad hasta obras de ingeniería civil, y una serie de procedimientos tendientes a la puesta en marcha de la Planta de Urea a construirse en la ciudad de Río Grande. La finalización se estimaba para el mes de mayo de 2013.

Pese a las sucesivas intervenciones del Fiscal de Estado y sus recomendaciones sobre posibles irregularidades en el acuerdo, el Convenio fue remitido posteriormente a la Legislatura para su ratificación en noviembre del año 2010.

En el acuerdo se pactó una entrega por adelantado de U$S 30.092.336,31 en concepto de gas a consumirse durante el primer año. La suma comprometida como primer pago adelantado fue depositada totalmente el 25 de diciembre del 2011 en pesos al valor de cambio de esa fecha por un total de 118.631.432,51 pesos

Asimismo, se estableció un segundo pago por adelantado, disponiéndose que la mora en el cumplimiento de los pagos se produciría de pleno derecho sin necesidad de requerimiento alguno devengando un interés.

Ese segundo pago nunca se concretó; ni tampoco se inició ninguna de las obras pactadas anteriormente. La empresa manifestó excusas que apuntaban a las supuestas firmas chinas que estaban detrás del proyecto y a otras razones, solicitando una prórroga para el pago en cuestión.

El Gobierno concedió entonces a la empresa no sólo una, sino cuatro prórrogas, dilatando de esta forma el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicando únicamente intereses por mora y una multa diaria.

En los años siguientes, las partes acordaron la suspensión del convenio mediante la suscripción de actas, estirando de esta manera los tiempos sin prever el pago de intereses ni multas hasta el año 2015, y a pocos días del cambio de gestión, el gobierno de Fabiana Ríos concedió una nueva prórroga.

Al día de hoy, la empresa “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” no abonó a la Provincia las sumas adeudadas.

Al asumir la gestión de la gobernadora Rosana Bertone, y tras un exhaustivo análisis del expediente, se constataron serias irregularidades en la tramitación de las actuaciones administrativas y una conducta displicente de la empresa para acreditar en el expediente las razones esgrimidas para justificar los incumplimientos y solicitar nuevas prórrogas.

Por ello, el Ejecutivo determinó a través del Decreto 1426/16 dar por finalizado lo que fue conocido popularmente como “el convenio chino”.