BUENOS AIRES (NA).- (Especial de NA por Sergio Farella).- El expresidente de la Nación Carlos Menem, condenado a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador y otros cuatro años y medio por el pago de sobresueldos a funcionarios durante su Gobierno, comenzará a ser juzgado por un nuevo hecho de corrupción: la venta a precio vil del predio de la Rural.
La fecha de inicio del juicio es el 6 de junio próximo y estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, que llevará adelante el debate en los tribunales de Comodoro Py, aunque no será el único de los acusados.
También está en el banquillo el exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo; el exdirector de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales Gastón Ramón Figueroa Alcorta; el titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales Matías Lucas Ordoñez; el exjefe del Rubro Inmuebles del Subárea Pignoraticio, Ricardo Isidoro Schapiro; el tasador del Rubro Inmuebles, Juan Manuel Insúa; y el entonces jefe técnico del Rubro Inmueble, Raúl Orestes Angelini.
También están en la lista de los acusados el exjefe de la División Tasaciones del Departamento de Evaluaciones Técnicas Carlos Alberto Ratto; el arquitecto Daniel Ivan Ivakhoff y el agrimensor Jorge Frost; el expresidente de la SRA Ricardo Agustín de Zavalía y el empresario agropecuario y exsecretario de la SRA Juan Alberto Ravagnan.
El caso fue enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli y el expediente fue elevado al Tribunal Oral en 2015.
La sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo, pues se sospecha la operación se produjo en un 25 por ciento menos de su valor.
La venta fue por un precio de 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, según evaluó la Fiscalía.
Por esos, todos serán juzgados por peculado por sustraer un predio de dominio público para su venta ilegítima a un privado.
La venta del predio fue a partir del decreto presidencial 2699 el 20 de diciembre de 1991: «se perfeccionó la traslación de dominio por el Boleto de Compraventa celebrado entre Cavallo y los representantes de la Sociedad Rural Argentina -coimputados De Zavalía y Ravagnan- y por la escritura pública número 84 de la Escribanía General de Gobierno de la Nación celebrada en la ciudad de Buenos Aires el 27 de mayo de 1992».
En su requerimiento, el fiscal remarcó que el predio vendido, además, era del dominio público, lo cual implica que se encontraba «absorbido por los caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabilidad que le impedía al Estado Nacional, aún por intermedio de su máxima autoridad, venderlo».
Incluso, Stornelli sostuvo que los imputados utilizaron para la operación el régimen legal relativo a la venta de bienes del dominio privado del Estado en «un intento de evitar el verdadero trámite legal que debió haber tenido la operación por ley del Congreso de la Nación».
De ese modo, lograron «la sustracción del bien hacia manos de particulares», señaló.