En un extenso documento que hizo público la comunidad educativa del IPES calificó de “falaces” las informaciones que difundió el Gobierno, sobre desigualdad en el costo de la formación docente entre Ushuaia y Río Grande. Denunció que el recorte de horas cátedra que se pretende sería nivelar para abajo, en la educación.
USHUAIA.- La comunidad educativa del IPES “Florentino Ameghino” salió a defenderse de lo que consideran un ataque desde el Gobierno al difundir que existe desigualdad en la formación docente entre Ushuaia y Río Grande, duplicando el costo de la primera por sobre la segunda, lo que consideraron que una “falacia”.
En un documento firmado por los docentes, se asegura que “se ha instalado falazmente un manto de sospecha sobre la distribución y empleo de la carga horaria del Instituto, sin entender que las horas cátedra de los diseños curriculares solo implican el cumplimiento de una de las funciones: Formación Inicial; en tanto que para sostener las otras tres funciones se utilizan las horas cátedra institucionales, hoy en cuestionamiento”.
Indican que “falaces son también los datos que se manejan, ya que por nuestros 10 profesorados cursan efectivamente algo más de 900 estudiantes, en tanto que por los diversos trayectos de Capacitación ofrecidos, han pasado tan solo en el 2017 alrededor de 1300 docentes en ejercicio. Allí está invertido el trabajo con nuestras horas cátedra, a lo que hay que sumarle la producción de 14 equipos de Investigación, algunos de ellos con proyectos destacados por el INFoD a nivel nacional, y otros en articulación con la UNTDF. Dicha carga horaria representa un 0,613% del presupuesto total de educación, ya aprobado y asignado para el ejercicio 2018”.
Más adelante aseguran que no somos “más caros” que otros Institutos hermanos, ellos están precarizados en las labores que les corresponde tener y puntualizan que “la nivelación debe ser hacia arriba”.
En el comunicado también puntualizan que con la implementación del SIGE y el recorte de carga horaria ya asignada en el presupuesto se procederá a desarmar “la estructura de funcionamiento institucional construida a lo largo de 30 años de labor ininterrumpida de nuestra función pública”.