Los hechos tuvieron lugar en 2008 en una violenta requisa por la que tres penitenciarios fueron condenados a 9 años de prisión, los cuales actualmente están con libertad condicional. Pero en el juicio realizado en 2012 surgieron nuevos hechos y la imputación contra quien era el jefe de la Unidad en ese entonces, en un caso que ya lleva 2 años en el Tribunal de Juicio Oral sin definición.
RIO GRANDE.- El proceso ya lleva diez años en los que hubo una condena a tres penitenciarios en el año 2012, siendo detenidos César González, José Franco y Rubén Darío Fernández; quienes recibieron 9 años.
En aquel proceso oral y público se ventilaron otros pormenores, además del maltrato al recluso José Castro Molla, quien fue golpeado, rociado con gas pimienta, agua y encerrado en una cámara frigorífica.
En el proceso también se responsabilizó de lo sucedido al jefe de unidad en 2008, el por entonces comisario Héctor Rivero, hoy jubilado de la Policía Provincial que por aquellos años regenteaba la Unidad antes de la creación del Servicio Penitenciario.
Rivero fue procesado también por “torturas” contra este preso porque se determinó que “ordenó, organizó la requisa y en su acción fiscalizadora tuvo la oportunidad de hacer que las torturas cesaran”, expresó el fallo de primera instancia que luego fue confirmado por Cámara y que desde el 2016 está elevado al Tribunal de Juicio.
Torturas en el lavadero
Este segundo juicio, además, tendrá nuevamente imputados a los penitenciarios González, Fernández y Franco, porque testimonios de cinco presos agregaron que también sufrieron tormentos en la zona del lavadero de la unidad, durante aquella requisa.
Deberán responder en ese hecho, y el acusado Rivero en todas las imputaciones, en lo que será este proceso que se esperaba para abril, pero fue pospuesto para agosto.
Cabe recordar que en las últimas semanas se integró el nuevo tribunal con los Dres. Cesari Hernández, Sergio Dieguez y el juez civil Horacio Boccardo, aclarando que estos jueces no fallaron en el primer juicio.
A la demora de casi dos años en lograr esa integración, se sumó que los abogados defensores tienen distintos problemas de agenda en abril, por lo que finalmente esta semana se decidió llevar el proceso para el mes de agosto.