Una mujer (a quien El Sureño identifica como señora M con el fin de preservar su identidad y las de sus hijas) inició seis demandas judiciales que desde hace 6 meses esperan resolución en el Juzgado 2 de Minoridad y Familia de Río Grande. Las causas incluyen varias formas de violencia de género: violencia doméstica, violencia patrimonial y violencia psicológica, todavía esperan respuesta.
RIO GRANDE.- La señora M convivía con el padre de sus dos hijas, desde hace dos años. El año pasado quedó literalmente en la calle y con lo puesto. Luego de un episodio violento se fue a trabajar y su pareja cambió las cerraduras de la vivienda. Al regresar encontró que no tenía dónde vivir, luego de diez años.
Pero la pesadilla recién comenzaba. Al recurrir a la Comisaría de la Mujer, que atiende casos de violencia, paradójicamente la señora M volvió a ser maltratada.
“Me tuvieron más de 40 minutos hasta que me tomaron la denuncia. Y literalmente me dijeron que al haberme corrido yo para esquivar el golpe que él intentó pegarme, lo que sufrí dejaba de ser violencia física. Pero lo peor es que al rato de estar ahí, él me escribe un mensaje de texto como burlándose de que yo estaba haciendo la denuncia. Y yo me pregunto hasta hoy, cómo supo él que yo estaba ahí”.
Informe
La señora M “sufrió agresiones verbales, sometimientos y manipulación, agresión física, violencia psicológica. Fue expulsada del domicilio familiar y centro de vida de sus dos hijas menores, se le prohibió retirar efectos personales. Y se le permitía regresar a la que fue su casa por diez años con la condición de aceptar someterse a las decisiones y órdenes de su expareja. Se le prohibió retirar hasta documentación; ella y sus hijas quedaron en la calle hasta el día de la fecha”, explicaron en un informe las licenciadas del área de protección integral.
Sin embargo, esta situación no apareció de repente. La víctima de estos hechos reconoce que durante muchos años vivió en una relación de sometimiento y presiones por parte del padre de sus dos hijas.
La señora M siempre trabajó y posee un título universitario que hoy le permite mantener un puesto laboral. Sin embargo, reconoce que su situación económica es crítica, ya que recibe ayuda de familiares para poder sostener, entre otras cosas, la asistencia de sus hijas al colegio de toda la vida.
“Yo la verdad que hoy estoy en una habitación con mis dos hijas, una de las tres duerme en el suelo, y si no fuera por la ayuda de mis familiares tendría que haberlas cambiado de escuela. No reconoció en ningún momento los años en que mi expareja pudo dedicarse a trabajar, a hacer horas extras y aumentar sus ganancias, gracias a que yo dejé uno de mis trabajos y me hice cargo de la casa. Y la verdad, no quiero imaginarme cómo sufren las mujeres de muy bajos recursos”.
Causas demoradas
Las demandas judiciales correspondientes se iniciaron en el acto, aunque la verdad es que hasta hoy las respuestas por parte de la justicia no llegan.
Las causas en trámite en el Juzgado de Minoridad y Familia 2 de Río Grande son seis, según detalló la abogada de la denunciante: ”Por violencia doméstica, (8995/17); medidas cautelares (9008/17); violencia doméstica (9332/18); sobre alimentos (9290/18); sobre atribución y uso de la vivienda (9352/18); sobre protección de persona ley 521 ( 9404/18).
La letrada recalcó que a pesar de la especial protección que las leyes le otorgan a la defensa de las agresiones de género y a los derechos de los niños, el Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 de Río Grande no ha resuelto en ninguna de estas causas de manera favorable a la mujer violentada ni de sus dos hijas mujeres menores de edad, después de seis meses.
“Existen informes periciales de la Dirección de Protección Integral del Gobierno de la Provincia, describen la vulnerabilidad y gravedad psicológica de las menores y de la progenitora. El Juzgado además, fue informado de la necesidad de intervención y orden de exclusión del padre de las menores y la reinserción de las mismas en la que fuera su vivienda desde su nacimiento; y conociendo que en el lugar donde se encuentran habitando las niñas están en situación de hacinamiento”, sostuvo la abogada.
La letrada agregó: “El Juez solamente se expidió alegando que no había elementos suficientes para la exclusión del denunciado de la vivienda, de la que expulsó a su familia en el mes de diciembre del año 2017; a pesar de que el demandado cuenta con terrenos, varios departamentos en alquiler, vehículos de alta gama y demás bienes; niega un techo para sus hijas, cosa que se encuentra acreditada mediante pruebas aportadas por la señora M y su propia expareja”.
Lo más preocupante para la abogada y su clienta es el hecho de que mientras el Juzgado no toma intervención ni decisión alguna respecto de las peticiones que se han realizado, el demandado abandonó la vivienda que se reclama para vivir a sus hijas, y continúa disponiendo de bienes adquiridos durante la relación con la señora M.
“El señor demandado demuestra todo desinterés por sus hijas y el alto grado de violencia que aplica. Mientras el Juzgado de Familia 2 continúa su inacción el demandado se mudó a la ciudad de Ushuaia, dejando bajo llave y sin habitar el domicilio, que fue centro de vida de nuestras hijas desde su nacimiento. Todo gracias a esa inacción y desidia del Juzgado, que también ejerce violencia sobre la víctima”, denunció la señora M.