El Gobierno nacional resolvió suspender por 30 días la aplicación del ajuste en las asignaciones familiares que se abonan a los trabajadores patagónicos. La decisión fue adoptada luego que legisladores de Cambiemos, que representan a la región, plantearan su rechazo. Tras conocida la medida, la gobernadora Rosana Bertone celebró la decisión y dijo que “vamos a seguir muy atentos a cómo evoluciona este tema”.
RIO GRANDE (NA y de nuestra redacción).- El ajuste que Macri aplicó a las asignaciones familiares en la región patagónica fue suspendido por el término de 30 días, decisión que se adoptó luego de un pedido que formularon legisladores de las propias filas de Cambiemos que expresaron su rechazo a esa medida.
Según informaron fuentes del Gobierno, la resolución se adoptó luego de una reunión en Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con dirigentes de Cambiemos de las provincias afectadas por el recorte.
Tras conocerse la suspensión, la gobernadora Rosana Bertone publicó en las redes sociales que “la decisión de Nación de retrotraer la medida que suspendía la zona diferencial para las asignaciones familiares de la Patagonia muestra que si trabajamos unidos y de forma inteligente podemos hacer escuchar nuestra realidad”.
Indicó que “la vida en el sur no es fácil, por la distancia de los centros urbanos, por su riguroso clima y por los costos de vida. Por eso se establecieron estos mecanismos que hacen a la construcción de la soberanía y a la presencia argentina en la Patagonia”.
Por último destacó: “Vamos a seguir muy atentos a cómo evoluciona este tema, ya que la medida que redujo las asignaciones familiares en nuestra región solo se suspende por 30 días”.
La suspensión
Tras el fuerte rechazo político y social, el Gobierno decidió suspender por 30 días corridos el decreto que recortaba el monto de las asignaciones familiares a trabajadores de zonas diferenciales del país, y en ese plazo evaluará los alcances de la medida.
El Ministerio de Trabajo aclaró que quienes percibían estas asignaciones en las zonas designadas cobrarán los montos de acuerdo con las escalas vigentes previas a la publicación del decreto que firmó el viernes último la vicepresidenta Gabriela Michetti.
«Durante este período se realizará una evaluación del alcance de la medida y los tiempos de implementación de la misma, con el objeto de seguir trabajando para alcanzar un Sistema de Seguridad Social más inclusivo y sustentable», señaló la cartera que conduce Jorge Triaca.
El ajuste
La medida, que había desatado un generalizado rechazo de todo el frente opositor pero también de dirigentes de Cambiemos, eliminaba un régimen diferencial que alcanzaba a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y de diversas zonas pobres del norte del país.
El decreto de Michetti, ahora suspendido, también elevó el piso y bajó el techo de los salarios que debe tener un grupo familiar para cobrar asignaciones familiares, pero en este punto seguirá vigente y empezará a regir desde el primero de septiembre.
La disposición de la vicepresidenta eliminaba los beneficios extras que alcanzaban a más de 100 mil menores de provincias de la Patagonia y algunas zonas del noroeste del país, que cobraban más que el resto.
Por esas modificaciones, el valor de la asignación familiar por hijo podía llegar a caer entre 50 y 75% en algunas provincias, ya que los trabajadores registrados de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y de departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta iban a pasar a cobrar el «valor general». Este monto por hijo se ubica en 1.578 pesos para el área metropolitana de Buenos Aires y la mayoría de las provincias, pero se incrementaba entre 3.155 y 3.407 pesos en los distritos diferenciales.
Dictamen fiscal
El fiscal Juan Carlos Soria emitió dictamen respecto al escrito presentado por Mariana Marianucci, avalado por la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos seccional Tierra del Fuego (UTHGRA), por el cual solicita una acción de amparo y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 702/18, firmado por el presidente Mauricio Macri y que elimina el plus zonal en el pago de las asignaciones familiares.
El fiscal recuerda la vigencia de la ley nacional 24.714, de coeficientes zonales y por lo tanto, con el decreto se evidencia una “contradicción con una norma de jerarquía superior”, y postula que “el orden jerárquico normativo se controla mediante el remedio que es la declaración de inconstitucionalidad”.
Además, señala en su escrito, que fue difundido en el Diario del Fin del Mundo, que “se verifica conforme al dictado del decreto cuestionado (Nº702/18) un menoscabo de la escala salarial y, por consiguiente se afecta la seguridad social de las personas que habitan esta zona con la disminución de sus ingresos sin un tratamiento y análisis legislativo que tome en cuenta un estado de emergencia en la materia”.
Indica que “la aplicación del decreto cuestionado con los parámetros establecidos traerá aparejado un deterioro de los derechos existentes en materia de la seguridad social, por lo que considero que la acción de amparo impetrada es admisible”.
A su vez, al expedirse sobre la procedencia de la medida cautelar, el Fiscal Federal mencionó que la quita dispuesta por el decreto del Gobierno nacional “implica una disminución del salario que tiene carácter alimentario”, por lo que ingresa en el abanico de los sectores “socialmente vulnerables. Y que “dada la inminencia de la aplicación del decreto impugnado (el 1 de septiembre del corriente año) se verifica el peligro en la demora”, con lo que “corresponde acceder también a la medida cautelar”, sostuvo.