Los funcionarios deberán realizarse los análisis correspondientes por el mecanismo de sorteo público y con un plazo máximo de 48 horas desde la notificación de la medida que debe cumplir. El costo del análisis correrá por cuenta de cada funcionario.
USHUAIA.- En sesión especial, con un amplio debate y por unanimidad, los concejales aprobaron la adhesión a la ley provincial 1233 que adhiere a la obligatoriedad que funcionarios se realicen controles de adicción a sustancias ilegales; pero con la particularidad que los mismos se harán por sorteo y en un plazo no mayor a 48 horas de haber sido notificados de esa medida.
La ordenanza establece la obligatoriedad de que los funcionarios del Estado deban ajustarse a estudios para demostrar que no consumen drogas ilegales. El proyecto de adhesión obtuvo un amplio debate con posturas opuestas a la norma provincial y críticas al tratamiento dado en la Legislatura.
La ordenanza aprobada establece que los alcances serán para los siguientes funcionarios:
-Departamento Ejecutivo: Intendente, Secretarios, Subsecretarios, Coordinadores, Jefes de Programas, autoridades de empresas del Estado Municipal;
-Concejo Deliberante: Concejales, Secretarios, Prosecretarios, Jefes de Programas;
-Juzgado Administrativo Municipal de Faltas: Juez, Secretario, Prosecretario;
-Sindicatura General Municipal: Síndicos y Secretario.
Además establece que los funcionarios alcanzados por la ordenanza deberán realizarse los análisis correspondientes por el mecanismo de sorteo público y con un plazo máximo de 48 horas desde la notificación de la designación por sorteo.
En los casos en los que el examen demuestre la presencia de drogas ilegales e independientemente de las sanciones establecidas por la ley provincial 1233, los funcionarios deberán realizar tratamiento de adicciones y se les brindará asistencia tal como lo establece la Ley Nacional 26.657.
Las reformas
El concejal Silvio Bocchicchio fue el impulsor de una serie de reformas de lo que dice la ley provincial, a la que consideró impracticable. Al respecto explicó que “establecimos que los funcionarios deberán realizarse el examen obligatorio de detección de drogas en sangre u otro método que garantice mayor eficacia de detección, a diferencia de la ley que imponía un método menos confiable”.
El Concejal señaló que “los funcionarios alcanzados se realizarán el examen de acuerdo al orden establecido por sorteo público y deberán realizarlo con un plazo máximo de 48 horas desde la notificación, evitando que se pueda especular con los días que duran las drogas en el cuerpo y hacerse los análisis cuando le convenga”.
A diferencia de la ley 1233 que sólo expulsa al funcionario, al margen de esa sanción, la ordenanza establece que “en los casos en los que el examen hallase presencia de drogas ilegales los funcionarios deberán realizar tratamiento de adicciones y se les brindará asistencia tal como lo establece la ley nacional 26.657”.
La autoridad de aplicación de la ordenanza será la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos o la que en el futuro la reemplace y el gasto que demanden los análisis correrán por cuenta de cada funcionario que se someta al examen toxicológico, modificación incorporada por el concejal Gastón Ayala del MPF.