Mientras que por primera vez
en toda la historia de la República Argentina un exvicepresidente de
la Nación, exministros del Gabinete nacional, empresarios,
gremialistas, exjueces, exfiscales y funcionarios públicos de toda
laya, están presos por hechos de corrupción, a lo que hay que
sumarle que esta semana se conocerán los procesamientos
provenientes de las declaraciones de una veintena de delincuentes
arrepentidos; en Tierra del Fuego y a contramano de la realidad
respecto de lo que está pasando en el país, desde el poder se
sigue protegiendo la impunidad.
Un nuevo capítulo de impunidad comenzó a escribirse en la provincia, cuando un fiscal de la ciudad de Ushuaia quiso beneficiar la situación procesal de una persona, hoy condenada por haber cometido delitos de índole sexual en perjuicio de menores, y para ello solicitó una pena casi tres veces inferior a los ocho años de prisión a los que fue efectivamente sentenciado.
Este funcionario judicial fue denunciado por su mal desempeño, y ahora nos enteramos que ha sido salvado del jury de enjuiciamiento porque el integrante del Consejo de la Magistratura encargado de efectuar la acusación, consideró que no existían motivos para ello, y no lo acusó.
Pero lo más llamativo no es lo narrado, sino enterarnos que tanto la Presidenta del Consejo de la Magistratura que integra también el Superior Tribunal de Justicia, como el Vicepresidente del mismo que es el Fiscal de Estado de la Provincia, votaron oportunamente desestimando el pedido de enjuiciamiento; conforme surge de lo expresado en el Acta N° 527 del 16/07/18 de éste organismo, es decir, que de los siete integrantes del cuerpo citado, tres de ellos estuvieron de acuerdo con la conducta desplegada por el agente fiscal.
Lo ocurrido con este funcionario de la justicia fueguina no es un hecho aislado ni una casualidad, sino que pareciera ser una constante, tal como por ejemplo ocurrió cuando el anterior Presidente saliente del Consejo de la Magistratura, que también integra el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, decidió antes de irse del cargo, salvar del pedido de jury a otro fiscal, en este caso de la ciudad de Río Grande, el que está siendo investigado en sede penal con el pertinente requerimiento de instrucción, por haber mentido en su dictamen para favorecer a un conocido empresario de esta ciudad.
No es entonces una casualidad que ahora y tal como surge del texto del Acta N° 525 del Consejo de la Magistratura, que a este fiscal mentiroso que tiene esta causa penal en trámite desde hace varios años por mentir en el cumplimiento de su función, y que todavía no está resuelta, el Consejo de la Magistratura le haya aprobado su postulación para cubrir una vacante de Juez de la Cámara Penal de Apelaciones de esta ciudad.
Tampoco es una casualidad ni un error que los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia declararan válida y aplicable a la empresa concesionaria de las Termas, una ley trucha como la N° 597, que viola la Constitución Nacional.
Todos recordarán que se formuló un pedido de jury de enjuiciamiento contra el Fiscal de Estado de la Provincia, por haber mentido en un dictamen, y también recordarán que fue salvado por otro de los organismos que conforman el Estado, como lo es la Legislatura provincial, que desestimó esa denuncia.
No es una casualidad que el integrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que días pasados se sacó la foto con la Gobernadora cuando firmaba un convenio para “transparentar” la cosa pública, sea el mismo funcionario que asesoraba a la Fiscalía de Estado cuando desadjudicaron ilegalmente a la concesionaria de las Termas, y sea el mismo funcionario que puso en el convenio del 2006 a la repugnante Ley N° 597, cuando era el Secretario Legal y Técnico de la Gobernación de la Provincia.
Ante el repudio generalizado de la inmensa mayoría de la población, sea porque no acepta y rechaza de plano lo actuado por el fiscal que quería favorecer a quién luego fue condenado por abusar de menores, sea porque lo actuado por el Consejo de la Magistratura es un papelón, lo cierto es que obligado por las circunstancias, uno de los legisladores oficialistas que integran este organismo se vio forzado a salir el jueves ante los medios de comunicación tratando de justificar lo injustificable, expresando que lo sucedido no se debe al fracaso del sistema de enjuiciamiento y de selección de jueces; cuando él como abogado sabe perfectamente que éste sistema no da para más y que hay que introducir profundas reformas.
A este organismo se lo creó para que funcione políticamente, y en muy pocas oportunidades funcionó desde lo jurídico, razón por la cual no es una casualidad sino una causalidad, que los políticos de turno se niegan sistemáticamente desde su creación, a introducir las modificaciones necesarias.
Este sistema hay que cambiarlo ya, porque contempla que los que eligen a los jueces son los mismos que los que los deben enjuiciar si correspondiere, cuando en otras provincias ésta cuestión está absolutamente separada una de la otra por una simple cuestión de imparcialidad, al igual que otra grave falencia de este organismo que también atenta contra la imparcialidad, es que los representantes de los Colegios de Abogados son votados por los jueces y por todos los funcionarios abogados que integran el Poder Judicial de la Provincia.
Este mismo legislador provincial que nos dice que el sistema de selección de jueces y enjuiciamiento no es un fracaso, cuando los hechos acontecidos demuestran lo contrario, es el mismo que votó las dos leyes denunciadas por inconstitucionales que crearon el Departamento Tolhuin y ampliaron su ejido urbano de 45 km² a 644.400 hectáreas, para poder llevar adelante el negocio inmobiliario más grande en la historia de la provincia.
No es tampoco una casualidad que el excorredor-senador haya salido a respaldar la candidatura de la Gobernadora, incluyéndola dentro del espacio que ocupa igual que él, junto a la ex Presidenta de la Nación, justo después de que su hermano recibiera del Intendente de Tolhuin ocho hectáreas de tierras fiscales ubicadas a la entrada de las Termas, adjudicadas mediante la Resolución Municipal N° 275/17, y utilizando para ello las tres leyes ilegítimas denunciadas ante la justicia, como lo son la ley N° 597, la de creación del Departamento Tolhuin, y la de ampliación del ejido urbano.
Un abogado capitalino declaraba días atrás que él no denunciaba los actos de corrupción porque no creía en la justicia, lo que no comparto en modo alguno ya que la única manera de combatirla es denunciarla, sin importar que los fiscales las desestimen a esas denuncias, ya que en algún momento esta situación va a cambiar en la Provincia, como ya cambió a nivel nacional.
Es más, quién habría pensado que quién fuera designado por el expresidente Néstor Kirchner, después de once años ininterrumpidos de ser el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decidiera la semana pasada dar un paso al costado, lo que no es un tema menor ya que significa no solo el comienzo de una nueva etapa en el más alto órgano de justicia de la Nación, sino un claro mensaje para los allegados a éste magistrado, que ahora retorna al llano como un integrante más de la Corte.
Estamos próximos a un proceso electoral, que debe servir para premiar a los que hacen bien las cosas, y para castigar con el voto a los que las vienen haciendo mal, como este gobierno. Sepamos hacerlo bien y para que ello ocurra, no hay que votar a los que dilapidan los dineros públicos con subsidios millonarios no reintegrables, a los que han endeudado el futuro de varias generaciones por años y nos quieren hacer creer que son buenos administradores, a los que viven de la política porque no saben hacer otra cosa, ni a los que permiten que se sigan cometiendo actos de corrupción, ya que los fueguinos se merecen una provincia en donde se respete la dignidad del que trabaja, y en donde no se proteja nunca más a los corruptos.
LUIS DANIEL MERLO-ABOGADO MAT. PCIAL. N° 17 S.T.J.