El doctor Virgilio Martínez de Sucre advierte que no está cumplido el informe de impacto arqueológico y paleontológico, considerando que ello es vital para que se proceda a realizar la audiencia. Este planteo se suma al pedido de los ambientalistas de suspender el procedimiento previsto para el 11 de diciembre.
RIO GRANDE.- El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, que interviene en una denuncia presentada por la Asociación Bahía Encerrada (ABE) referente al proyecto de apertura, readecuación y construcción de la ruta 30, advirtió en su dictamen que para realizar la audiencia pública es necesario contar los estudios de impacto ambiental para actividades mineras y el de impacto arqueológico y paleontológico que a una semana de la instancia participativa, aún no fueron informados.
Martínez de Sucre intervino oportunamente en una medida cautelar solicitada por ABE, ante el reclamo insatisfecho de información sobre el proyecto de construcción del Corredor del Beagle por parte del Ejecutivo provincial. Luego de solicitar toda la documentación necesaria, el Fiscal emitió el dictamen N° 8 del corriente año, mediante el cual establece el modo en que el Estado debe proceder respecto de la obra en cuestión.
“Del plexo de normas aplicables se desprende que será obligatorio para el contratista presentar el estudio de impacto ambiental que requiere la Ley N° 55, pero también un estudio de impacto ambiental para actividades mineras y un estudio de impacto arqueológico y paleontológico. Entonces, una vez que la Administración cuente con el proyecto ejecutivo definitivo, así como con dichos estudios, se celebrará la audiencia pública, oportunidad en la cual la Asociación podrá formular las observaciones que fuera menester, abordando todas las cuestiones ambientales que crea pertinentes en el marco de dicha instancia participativa”.
En su dictamen, el fiscal afirma que “No hay dudas. La audiencia pública debe integrarse de forma ineludible al procedimiento de evaluación de impacto ambiental que precederá al dictado del acto de autorización del proyecto. No pudiendo ser obviada por las autoridades públicas, en tanto su inobservancia, así como su cumplimiento tardío o aparente, se constituirá en un vicio esencial que afectará el debido procedimiento previo, conduciendo a la invalidez del acto de aprobación”.
Asimismo, insta a las autoridades a “que adopten las medidas tendientes a garantizar la real y efectiva información, consulta y participación de los ciudadanos y asociaciones”… “a los fines de prevenir eventuales cuestionamientos administrativos o judiciales que podrían derivar en la paralización de la obra”.
Sin estudio, no hay audiencia
Quince días atrás, Martínez de Sucre pidió otro informe pormenorizado al Poder Ejecutivo Provincial, luego de que el Arqueólogo Ernesto Piana expresara su preocupación en una entrevista radial ante la inexistencia del estudio de impacto arqueológico que se requiere para el diseño del proyecto definitivo, antes de que se realice la audiencia pública.
En declaraciones a la prensa, Piana indicó que a pesar de que la ruta 30 atravesará un sector de la provincia en el que existen una innumerable cantidad de yacimientos arqueológicos aún no se habría hecho el estudio de impacto obligatorio y que desde la Administración se habría planteado la alternativa de autorizar el inicio de los trabajos y de realizar el estudio de impacto arqueológico con la obra en ejecución.
Ante esto, el Fiscal volvió a reclamar al Ejecutivo que traiga claridad a esta situación. “Las expresiones volcadas por el profesional citado lucen por demás razonables, ya que no suscita mayores dudas la circunstancia de que, si se avanzara sobre el terreno «a ciegas», sin conocer los yacimientos que pueden estar bajo el suelo atravesado por la traza de la ruta, ello implicaría que de denunciarse la presencia de alguno (por la propia contratista o por un tercero), necesariamente se paralizarían los trabajos hasta su rescate o hasta que se replantee el diseño de la porción de la traza en conflicto, lo que no solo provocaría retrasos temporales en la ejecución de la obra, sino la alternativa cierta de que la contratista reclame gastos improductivos y/u otros reconocimientos dinerarios derivados de dicha paralización. Todo lo cual, vendría a insumir mayores desembolsos a las ya bastante castigadas arcas estatales, en un contexto económico que hacia el futuro se plantea como de notable incertidumbre y escasez de recursos”.
Martínez de Sucre recordó que “este tipo de problemáticas, ya las ha atravesado la Provincia en el marco de otros contratos de magnitud, como sucediera con la obra del Puerto caleta La Misión, en el cual, transcurridos más de veinte años de realizado el llamado a licitación, nos encontramos no solamente con una ciudad que no tiene un puerto construido, sino con una demanda millonaria de la entonces contratista, en la que el ítem de mayor significancia económica reclamado viene constituido por los gastos improductivos que se habrían originado por las sucesivas paralizaciones a los trabajos que afectaron a dicho proyecto”.
El fiscal recomendó al Ejecutivo que por la envergadura de la obra y por el alto interés puesto por la ciudadanía sobre ella, “actuar con un alto grado de prudencia y eficiencia para resolver todo lo atinente al caso, pues la hipótesis de conflicto jurídico no se limita al adjudicatario en sí, sino a un gran espectro de terceros que por derecho propio o en representación del resto de los ciudadanos podrían actuar en defensa de los bienes jurídicos colectivos que se consideren en peligro, máxime si entienden que el procedimiento ha sido poco transparente, arbitrario o irrazonable”.