BUENOS AIRES (NA).- El secretario General de la Presidencia, Eduardo “Wado” De Pedro, negó ayer que la presidenta Cristina Fernández haya hecho el llamado telefónico que le atribuyó el juez Claudio Bonadío, relacionado al allanamiento que se realizó a la inmobiliaria de Hotesur, la empresa que pertenece a la familia presidencial.
Al respecto, el precandidato a diputado nacional consideró que ”las continuas presencias y manifestaciones mediáticas” de Bonadío “demuestran que más que administrar justicia, como corresponde a todos los jueces, su única y sola intención es difamar a la Presidenta de la Nación y a su familia”.
A través de un comunicado, De Pedro afirmó que el llamado al que hizo alusión Bonadío “fue realizado por quien correspondía, la presidenta de Hotesur S.A.”, es decir Romina Mercado, sobrina de la Presidenta y titular de la empresa que administra los hoteles de la familia Kirchner.
El funcionario, además, criticó “las mal intencionadas y tendenciosas declaraciones” de Bonadío y se refirió al magistrado como un “polifuncional funcionario menemista, luego devenido por designación a dedo y sin concurso, juez federal”.
“Nos vemos en la obligación de resaltar que el mismo (en referencia al llamado telefónico) fue realizado por quien correspondía, la presidenta de Hotesur S.A., conforme ya fue aclarado en el día de ayer por la citada empresa y el cual el exfuncionario menemista omite tendenciosamente mencionar”, disparó De Pedro.
A la vez, el referente de la agrupación La Cámpora sostuvo que”resulta más que sorprendente el hecho de que el doctor Bonadío continúe hablando en distintos medios de comunicación sobre una causa de la que ha sido desplazado por la Cámara de Apelación debido a las irregularidades que cometió en su tramitación”.
En una entrevista radial, Bonadio había indicado que hubo un llamado “de la Presidenta” que destrabó el allanamiento en las oficinas de Hotesur, que era resistido por el personal e impedía que los funcionarios judiciales se llevaran documentación relacionada con una investigación por supuestas maniobras de lavado de dinero.