Los gremios estatales consiguieron que los legisladores envíen este jueves a archivo el proyecto de reforma del régimen previsional del IPAUSS presentado por el bloque del Frente para la Victoria, y que iba a comenzar a ser tratado en comisión el 9 de septiembre.
USHUAIA.- Desde la noche anterior, los sindicatos encabezados por la CTA Autónoma mantenían una protesta frente al edificio legislativo, y amenazaban con impedir la sesión si es que los legisladores no disponían el pase a archivo del proyecto. La posibilidad de que fuera tratado sobre tablas, era uno de los argumentos que esgrimían los gremialistas para justificar la medida de fuerza. Todo, además, en el marco de un paro de actividades de 36 horas decretado por los gremios del sector público.
El Gobierno por su parte, desplegó un importante dispositivo policial con gran cantidad de efectivos dentro y fuera del perímetro de la Legislatura, mientras que con el transcurrir de la mañana del jueves se fueron congregando cada vez más trabajadores estatales en la puerta que impedían el ingreso al edificio incluso a los propios empleados legislativos, por lo que peligraba la realización de la sesión.
Ante este panorama, los secretarios de cada sindicato fueron convocados a una reunión en la sede de los bloques de la calle San Martín. En el despacho de Jorge Lechman, recibieron el compromiso del mopofista y otros ocho legisladores de que el proyecto sería enviado a archivo sin más trámite, como primer punto del orden del día. A cambio, los gremios los dejarían sesionar. La tregua fue sellada con el pedido sindical de que se retirara la custodia policial y se les permitiera ingresar al recinto a presenciar la sesión, a lo que también accedieron los parlamentarios.
Pasado el mediodía, finalmente la sesión pudo llevarse a cabo con las ausencias de Susana Siracusa (Partido Justicialista), Laura Rojo (Partido Popular), Amanda Del Corro (Partido Social Patagónico) y Myriam Martínez y Juan Carlos Arcando (Frente para la Victoria) y tal lo acordado con los gremios, el proyecto de reforma previsional no sería tratado ni girado a la comisión especial de seguimiento del IPAUSS, y fue enviado directamente a archivo.
Los representantes sindicales consideraron como un “hecho trascendental para los trabajadores” el haber logrado el pase a archivo del proyecto “en base a la correlación de fuerzas que han hecho los trabajadores estatales de todos los sectores”, señaló Roberto Camacho de ATE.
Por su parte, la legisladora Liliana Martínez Allende argumentó que “hoy teníamos la obligación de preservar la paz social y la institucionalidad y por ello acompañamos el pase archivo del proyecto del Frente Para la Victoria”, aunque se apresuró a aclarar que desde su bancada “coincidimos en la necesidad de modificar la realidad del IPAUSS”.
Sin embargo, el legislador y vicegobernador electo Juan Carlos Arcando calificó a los gremios de “sectores corporativos que aspiran a disciplinar al poder de representación democrática” a través de “la metodología de obstrucción”.
En una carta pública, Arcando apuntó que “hay factores de poder, incluso que no han estado ajeno a la cultura del despilfarro de nuestra provincia, que están dispuestos a utilizar cualquier herramienta para mantener el status quo. A ellos les decimos que el camino más corto para vulnerar derechos es pretender dejar las cosas como están y seguir transitando por una pendiente inclinada que hoy nos ubica en el peor de los escenarios».
Lo cierto es que el proyecto de reforma previsional de la legisladora Myriam Martínez no era muy diferente a los más de diez que esperan su tratamiento en comisión. Por eso llama a la atención la inusitada reacción gremial de amenazar hasta con bloquear el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado, si es que el proyecto no era archivado, e inevitablemente lleva a la pregunta: ¿Existió en algún momento la posibilidad de que el proyecto fuera tratado sobre tablas?
La sensación que flotaba en el ambiente un vez que los manifestantes se retiraban tras conseguir el objetivo, es que la Legislatura fue escenario de la primera batalla política entre el aún no asumido gobierno de Rosana Bertone y los sindicatos estatales; y que la mayoría parlamentaria con la que contará el nuevo gobierno en el próximo período no será garantía suficiente para que los proyectos se traten y aprueben.
