La normativa aprobada por los legisladores, que modifica al sistema existente, permitirá que estudiantes de nivel terciario o universitario accedan al beneficio, sin importar si estudian en la provincia o fuera de ella. Además, se conforma el Consejo Provincial de Becas a tal fin y los aportes se financiarán con recursos de la AREF.
RIO GRANDE.- Los legisladores de Tierra del Fuego aprobaron el proyecto emanado por el Ejecutivo provincial pero avalado por la legisladora Andrea Freites, que implementa en el ámbito de la provincia un nuevo sistema de becas para estudiantes de nivel terciario y universitario.
La propuesta establece la implementación de becas para la realización de estudios de nivel inicial, primario, secundario en cualquiera de sus modalidades, en el ámbito de la provincia y para estudios superiores: terciarios y/o universitarios dentro o fuera de la provincia; en todos los casos para quienes estudien en instituciones educativas de gestión pública como de gestión privada.
Los interesados, al igual que su grupo familiar, deberán acreditar que el peticionante -si fuera mayor de edad- o su familia -si fuera menor de edad- no supere sus ingresos en dos canastas básicas familiares, según surja de los informes provinciales actualizados del mes anterior al pedido.
Además, la norma crea el Consejo Provincial de Becas, órgano que tendrá a su cargo la evaluación de los aspirantes y su posterior seguimiento para el sostenimiento del beneficio económico.
Por otra parte, será el Ministerio de Educación, previo a la iniciación del período de inscripción, el organismo que fijará con carácter general y a propuesta del Consejo Provincial de Becas el importe de cada una de las becas, determinadas por categorías y establecerá anualmente el número de becas a otorgar por cada nivel y modalidad educativa.
Las becas se sostendrán con el 5% de lo recaudado en forma mensual por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF); donaciones, legados o subsidios y los importes provenientes de recupero de préstamos, devolución de becas o multas por incumplimiento de los beneficiarios.