El Dr. Federico Rauch, presentó un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones. “Es una situación inédita, de destrato y falta de consideración y respeto hacia el pueblo yagan”, afirmó. En tanto, los propietarios de la constructora Gancedo SA fueron sobreseídos.
USHUAIA.- La comunidad yagan Paiakoala presentó el viernes un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones en lo penal del distrito sur, tras habérsele negado el derecho de ser parte querellante en la causa que investiga la destrucción y ocultamiento de sitios arqueológicos y cementerios humanos pertenecientes a ese pueblo originario.
El 27 de diciembre, el titular de la Fiscalía 4 de la capital fueguina Dr. Fernando Ballester Bidau, elevó un requerimiento de instrucción en el que solicita investigar la aparición de los restos de una niña del pueblo Yagán durante la construcción del tramo I del Corredor del Beagle. Por el hecho, quedaron imputados el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, el ministro de Obras Públicas Luis Vázquez, y el secretario de Cultura Gonzalo Zamora, todos responsables de la aprobación del estudio de impacto arqueológico y de autorizar el plan de ejecución de obra de la ruta.
De acuerdo al fiscal, los hechos podrían configurar los delitos de “daños agravados” y “daños a yacimientos arqueológicos” previstos “en los artículos 184 inciso 5 del Código Penal, artículos 46 y 47 de la ley 25.743, respectivamente, por ocasionar daños en tumbas, deteriorar y remover yacimientos arqueológicos que pudieron haber ocasionado su pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado”.
Al tomar conocimiento del hallazgo de restos humanos como consecuencia de la ejecución del controvertido camino, Manekenk intentó ampliar la denuncia que tramita en el juzgado de la jueza María Cristina Barrionuevo iniciada por la ONG por daño ambiental. Sin embargo, para la Magistrada el hallazgo de esos restos merecía un tratamiento aparte y fue así que la denuncia cayó en manos del juez Federico Vidal.
Luego, la comunidad Yagan Paiakoala representada por Víctor Vargas Filgueira, que reclamó los restos de la niña hallada en la costa del Canal Beagle, se presentó como querellante y pidió hacer un estudio de impacto arqueológico que le pueda demostrar a la Provincia, dónde están los sitios que tiene que proteger y cómo redireccionar la obra para que se haga sin producir el daño arqueológico que hoy se está cometiendo. Sin embargo, el Juez Vidal les negó esa posibilidad.
El Dr. Federico Rauch, apoderado de la comunidad, informó que en la negativa, “Los jueces sostienen básicamente que el bien jurídico protegido es el patrimonio arqueológico y que el titular de ese patrimonio es el estado provincial, pero omite considerar la otra ley, que es la que habla del derecho de custodia de los restos humanos”.
“A nuestro criterio es una cosa insólita, porque lo hizo tratando de efectuar una interpretación de la ley totalmente en contra de los intereses del pueblo yagan. Hay una actitud, no de respetar la ley, sino de interpretarla de tal forma que la ley no exista o se justifique una razón para no aplicar el sentido y la finalidad de la ley nacional”, dijo Rauch.
También informó que “el juez dice que la comunidad yagan puede estar damnificada, pero eso no la autoriza a ser querellante, porque el bien protegido es el patrimonio arqueológico que pertenece a la provincia y no a los yaganes, lo que es absolutamente falso”, denunció.
“Los restos mortales de los yaganes, no son de la provincia, son de ellos y tienen el derecho de custodia sobre ellos, porque así lo establece una ley nacional”, sostuvo el letrado.
Asimismo, Rauch comparó lo que sucede del otro lado del Beagle con la construcción de un camino similar que une Punta Arenas con Puerto Williams. “Las autoridades de Chile están haciendo esta ruta de común acuerdo con las comunidades originarias, en un marco de respeto hacia sus ancestros. Mientras tanto, en la Argentina, no podemos decir lo mismo porque efectivamente los descendientes de yaganes son objeto de un destrato y falta de respeto inéditos”.
En cuanto a las medidas cautelares que se pidieron detalló que “lo único que se hizo fue mandar una comisión policial a la obra, sin especialistas ni antropólogos de ninguna especie y que aparentemente por razones de clima, no pudo llegar al lugar”.
Rauch se refirió al estudio realizado por una consultora, que marcó la presencia de más de 700 sitios arqueológicos de interés sobre el trazado de la ruta. “Ese estudio lo pagó el gobierno de Bertone con el dinero de nuestros impuestos y como no le gustó el resultado, no lo usó. Pero está a disposición de los jueces. Por eso sorprende la inacción de la Justicia de Tierra del Fuego, que estando a disposición del material hasta la fecha no hizo absolutamente nada”.
El abogado indicó que “el gobierno anterior no solo permitía todo este caos, sino que lo alentaba y el nuevo gobierno recién se está instalando por lo que no sabe qué cosas hacer o dónde está parado. La realidad es que tanto los tratamientos civiles como penales, todos han tenido resultado nulo. No hubo un solo juez en la provincia que haya tomado una resolución concreta en favor de suspender, analizar o condicionar las obras del corredor del Beagle a la intervención de un arqueólogo que pueda fiscalizar y eventualmente impedir que se cometan nuevos delitos contra el patrimonio arqueológico y los restos mortales del pueblo yagan”.
Acerca del recurso presentado el viernes, el letrado se esperanzó en “que la Sala Penal de la Cámara ponga un poco de orden a esto, aunque no somos muy optimistas porque notamos que hay una clara actitud de parte de la Justicia fueguina de no condicionar el avance de esta obra a la preservación o al cuidado dela patrimonio arqueológico y los restos mortales de los pueblos originarios”.
Finalmente recordó que “este escrito lo van a tratar sin feria judicial porque va a entrar los primeros días de febrero. Supongo, si quieren tratarlo. Porque a pesar de que los jueces tienen plazos que la política puso para todos; algunos jueces y fiscales pretenden que los plazos corren para las partes, pero no para ellos. Para ellos serían ordenatorios según ellos. Lo cual por supuesto, no es así. Sino estaríamos frente a un privilegio inusitado donde los jueces y los fiscales harían justicia si se les da la gana, propio de una dictadura”, concluyó.
GANCEDO E HIJO, SOBRESEÍDOS.- La jueza María Cristina Barrionuevo sobreseyó de culpa y cargo a los propietarios y accionistas de la empresa contratista que realiza la obra licitada del Corredor del Beagle, por el desmonte ocurrido en agosto pasado en la senda a Río Encajonado.
Se trata de la causa caratulada “Domínguez,Stella Maris y otros s/ denuncia”, que tramita bajo el número 32.996. El fiscal Fernando Ballestar Bidau, que recibió la denuncia por “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos”, había imputado por el hecho a los empleados que realizaron el desmonte y pidió investigar si hubo intención de cometer ese daño.
La decisión de Barrionuevo fue confirmada por el Dr. Federico Rauch, quien adelantó que a fines de diciembre, los responsables de Juan Felipe Gancedo SA, fueron sobreseídos de los dos delitos imputados: el de daño ambiental y daño al patrimonio arqueológico. “Ella dijo ‘hasta donde se pudo investigar no se comprobaron los hechos’ y la verdad, es que mucho no investigó”, opinó el abogado.
“Al ser sobreseídos y por el derecho constitucional que establece que una persona no puede ser acusada dos veces por el mismo hecho los ha dejado afuera a estos dos. Ello, siempre y cuando no se produzcan nuevos hechos posteriores a ese sobreseimiento, que los pueda responsabilizar directamente o indirectamente”, advirtió Rauch.