Para el Centro de Excombatientes de Malvinas de la Plata, querellante en la causa, “la jueza Borruto ha escrito una página importante en la historia judicial argentina, ante la reconstrucción de la verdad material y la reparación que supone este proceso”.
RÍO GRANDE.- La jueza Federal Mariel Borruto procesó a Miguel Ángel Garde, a Belisario Gustavo Affranchino Rumi, a Gustavo Adolfo Calderini y a Eduardo Luis Gassino por los delitos de imposición de tormentos (torturas) en varios hechos en perjuicio de soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas.
A su vez, ordenó la traba de embargo sobre los bienes de Garde por la suma de 5 millones de pesos, y sobre los bienes de Calderini, Affranchino Rumi y Gassino por la suma de 1 millón de pesos.
Lo expuesto constituye un punto de inflexión en el trámite de la causa 1.777/07 caratulada “Pierre Pedro Valentín s/delito de acción pública”; causa iniciada en el año 2007 por la investigación realizada por el exsubsecretario de DD.HH de Corrientes, Dr. Pablo Vassel, que se tramitó ante el Juzgado Federal de Río Grande, y que a la fecha cuenta con 95 militares denunciados por 105 casos, cometidos contra más de 120 víctimas.
Al respecto, los abogados Laurentina Alonso y Jerónimo Guerrero Iraola, apoderados del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, querellante desde los inicios de la causa, manifestaron: “el fallo es un instrumento central, la Jueza entiende que los hechos investigados son crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, período en el que se encontraban suspendidas las garantías constitucionales; esto quiere decir que los soldados que resultaron víctimas no pudieron denunciar al Estado criminal que había promovido las torturas y que luego hizo todo lo posible porque estos hechos queden impunes”.
“Para fundamentar esto, Borruto tomó en consideración un elemento que desde el CECIM hemos puntualizado en numerosas presentaciones y audiencias, concretamente, el despliegue efectuado por el Estado terrorista de acciones de inteligencia y psicológicas contra las víctimas de torturas, por medio de los que montaron el aparato de impunidad, así, a los soldados que sufrieron torturas los obligaron a callar”, sostuvieron los letrados.
Para los abogados, este procesamiento representa un punto de inflexión en la búsqueda de Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía. “Tuvimos que batallar contra los esquemas de poder, las fuerzas armadas, ciertos sectores de derecha que publicaban editoriales en medios importantes en los que bajaban la línea de la impunidad, al tiempo que nos acusaban de mentirosos o caranchos”,
Desde el equipo jurídico del CECIM La Plata añadieron que “la reconstrucción de la verdad material y la reparación que supone este proceso está en curso y este ímpetu no podrá detenerse; la jueza Borruto ha escrito una página importante en la historia judicial argentina, al permitir avanzar sobre los crímenes cometidos contra los soldados conscriptos, que han sido la última víctima colectiva de la dictadura”.
