BUENOS AIRES (NA).- El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y otros funcionarios del Gobierno defendieron ayer en la Cámara de Diputados el proyecto para reformar las llamadas “jubilaciones de privilegio”, iniciativa que el oficialismo buscaba dictaminar para llevar al recinto y aprobar mañana.
Al iniciar el debate en un plenario de comisiones, Moroni explicó que el Gobierno no plantea “eliminar los sistemas de protección de jueces” porque comparte la idea de que son funcionarios que “cumplen una tarea especial” y que por lo tanto “deben tener derechos desiguales respecto al resto”.
Sin embargo, el Ministro aclaró que lo que está en discusión es “cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo”.
“El sistema previsional ya no tolera mas regímenes tan diferenciados porque vamos a tener problemas de financiación” del sistema general, advirtió ante una sala colmada en el anexo de la Cámara de Diputados, donde se reúne el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda.
Al respecto, Moroni señaló que le “parece bien” que jueces, fiscales y diplomáticos mantengan un régimen especial”, pero pidió replantear las características de esos sistemas diferenciados ya que necesariamente generan “tensiones” con el “resto de la masa de jubilados”.
“Se pagan 15 mil pesos a los haberes mínimos. De esos mismos recursos tenemos que estar detrayendo 10 mil millones de pesos para solventar las jubilaciones de los jueces”, reparó, luego de señalar que el Poder Judicial “tiene un déficit de caja, tomando la suma de aportes y contribuciones, de 9 mil y pico de millones de pesos”.
El funcionario resaltó, en este sentido, que estos sectores gozan de salarios muy superiores al promedio y que además tienen “aportes estables”, en contraposición a otros sectores que con aportes “intermitentes” que tienen dificultades en llegar a la cantidad de años requerida.
Los jueces, fiscales y representantes del Servicio Exterior de la Nación seguirán gozando de la tasa del 82% móvil para el cálculo del haber inicial, aunque se computará respecto al promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años y no en base al último recibo de sueldo.
La pretensión original del proyecto era llevar la edad jubilatoria a 65 años, pero finalmente el Gobierno cedió y mantendrá los 60 años en el caso de las mujeres, en tanto que para los hombre sí habrá un incremento a 65, aunque de forma escalonada.