COMODORO RIVADAVIA.- En el marco de la declaración de la emergencia de tucura sapo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participó de las primeras reuniones interinstitucionales en las localidades de Cushamen y Tecka, los días 4 y 5 de marzo, en la provincia de Chubut.
Estos encuentros estuvieron integrados por representantes del área de Agricultura del Ministerio de Producción, la Corporación de Fomento del Chubut (Corfo), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los municipios de Cushamen, Tecka, Gobernador Costa y José de San Martín, referentes de comunas de pueblos originarios y productores de la zona afectada.
Estas jornadas técnicas fueron planteadas para avanzar en estrategias de acción conjunta entre las distintas instituciones y los productores, así como también en la detección de necesidades para el control de la plaga en los campos afectados.
Se trabajará en distintas mesas interinstitucionales en las zonas afectadas de la provincia determinando en cada una de ellas acciones de monitoreo temprano, detección de necesidades para actividades de control de la plaga y ciclo de capacitaciones.
El principal objetivo de la emergencia por tucura sapo es el monitoreo para la detección temprana de los focos de nacimiento a fin de emitir las alertas y realizar un efectivo control de los mismos.
Por parte del Senasa, participaron María Mazzola y Evangelina Zembo (Dirección Nacional de Protección Vegetal), Alejandra Verdejo (Coordinación de Protección Vegetal del Centro Regional Patagonia Sur), Marcela Schiappacassi y Franco Armento (Protección Vegetal de la Oficina Esquel y Delegación de Lago Puelo, respectivamente).
“Tenemos que trabajar con los actores de los sectores público y privado que están en territorio para implementar un plan de manejo que sea sustentable en el tiempo y de esta manera contener la situación y avance de la plaga”, señaló la coordinadora Verdejo.
Cabe destacar que la declaración de la emergencia de tucura sapo se extiende hasta el 31 de marzo de 2021, según Resolución Nº 135/2020, y tiene como objetivo preservar la economía de subsistencia de los agricultores y de los pueblos originarios afectados, así como el patrimonio ambiental. La denuncia inmediata ante el Senasa de la presencia de la plaga es obligatoria.