El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé citó ayer a declaración indagatoria a Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani, ex titular y número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de la mega investigación por espionaje ilegal durante el gobierno anterior.
BUENOS AIRES (NA).- El magistrado lo hizo al hacer lugar al pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien acusó a ambos por el espionaje que tuvo lugar sobre el Instituto Patria y el departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta.
Según la resolución del juez, la citación de Majdalani será la primera en declarar el lunes 13 de julio a las 9:00, en tanto que Arribas fue citado para el martes siguiente a la misma hora.
Ambas indagatorias habían sido solicitadas por la fiscal federal Incardona, quien aseguró que los dos estaban al tanto de las tareas de espionaje ilegal sobre Cristina Kirchner a mediados de 2018 y que incluso luego intentaron ocultarlo en una presentación ante el Congreso de la Nación.
En la misma resolución, el juez procesó sin prisión preventiva al ex director de Operaciones de la AFI Alan Ruiz, quien al encomendar al grupo operativo tareas de inteligencia decía que eran pedidos expresos de la «Señora 8», como comúnmente se llama a la dos del organismo.
A contrarreloj y poco antes de conocerse la citación, Majdalani presentó ante Augé un pedido para que se inhiba de seguir interviniendo, al recordar que su par de Capital Federal Marcelo Martínez de Giorgi tuvo una causa análoga.
Por ello, la ex número dos de la AFI con el patrocinio del abogado Juan Pablo Vigliero recordó que el juez de Capital Federal los investigó por el espionaje ilegal en el Instituto Patria y los sobreseyó, tanto a ella como a Arribas.
«Entendemos que no hay jurisdicción sin acción, y que aquella no puede ejercerse si ésta no ha sido promovida legalmente», según señaló el abogado de Majdalani en el escrito.
En su resolución, el juez Augé procesó por las tareas en el Instituto Patria y en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner al ex director Ruiz, que se convirtió en el primer imputado en ser procesado en el marco de estas causas de espionaje ilegal durante la AFI macrista.
En ese sentido, tal cual lo remarcó la fiscal, evaluó que varios de los ex espías aseguraban que a la hora de dar las órdenes Ruiz decía que eran pedidos expresos de Majdalani.
«Surge a las claras el vínculo directo y de confianza existente entre Alan Ruiz y Silvia Majdalani y una dinámica de trabajo que escapaba al funcionamiento y el esquema administrativo y jerárquico regular de la AFI. Es decir, si bien Alan Ruiz fue presentado desde su llegada como Director de Operaciones Especiales, en los hechos, éste se desenvolvía por encima de sus pares y actuaba de acuerdo a las órdenes que recibía por parte de Silvia Majdalani», sostuvo el magistrado en la citación.
«Estas órdenes particulares también habrían sido impartidas a Alan Ruiz, en principio, por parte de Silvia Majdalani, lo que no sólo se funda en la existencia de esa relación directa mencionada previamente, sino también por el hecho de que la prueba reunida para este conjunto de acciones de inteligencia demuestra que los informes confeccionados en los que se plasmaban los resultados de esos espionajes ilegales, eran remitidos al equipo de Alan Ruiz y, posteriormente, éste se los elevaba a Silvia Majdalani», agregó.
Al igual que la Fiscalía, el juez tuvo en cuenta que dos días después de ser denunciadas las tareas de inteligencia en agosto de 2018 por entonces legisladores kirchneristas Arribas y Majdalani, «suscribieron una nota dirigida a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación afirmando falsamente que no se habían producido seguimientos respecto de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial».
La fiscal había afirmado que fueron afirmaciones «falaces, plasmadas y rubricadas en documentos públicos» y que «obedecieron a la decisión de ocultar que las tareas descubiertas tenían carácter ilegal».
Por último, el juez deslizó una dura crítica hacia el funcionamiento de la inteligencia de Estado en la Argentina.
«Los servicios de inteligencia no son una ´policía política´ ni son una institución autónoma desligada del gobierno ni de los controles que sobre éste ejerce la sociedad democrática; es la diferencia entre unos servicios de inteligencia democráticos y unos servicios secretos que constituyen un «Estado dentro del Estado», agregó Augé.