En el marco de la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos las máximas autoridades en Derechos Humanos de las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación emitieron un comunicado expresando su preocupación por el aumento de casos de violencia institucional en el país.
BUENOS AIRES.- El encuentro, que se desarrolló de manera virtual, estuvo destinado a analizar los graves casos de violencia institucional que se registraron en las diferentes jurisdicciones del país, en los que se vieron involucrados miembros de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales.
“La violencia institucional es un mal que tiene nuestra democracia, tenemos que trabajar juntos para generar herramientas y mecanismos que nos permitan erradicarla. Tiene que existir un compromiso de todos los poderes”, señaló el secretario Horacio Pietragalla Corti en el inicio de la reunión. “Es necesario un trabajo serio y profundo que nos permita generar un cambio: no estamos en contra de las fuerzas de seguridad, sino que queremos unas fuerzas que respeten los derechos humanos”, puntualizó.
“Esta reunión es para escuchar la opinión de todos y todas, en todas las provincias y tomar nota de la situación que están atravesando. Es el momento de poder generar un cambio participativo, que no tenga un escudo político, que tenga el compromiso de todos”, agregó el funcionario.
Pietragalla estuvo acompañado por el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, y el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino, quien estuvo a cargo de la coordinación del encuentro.
Durante la reunión, los/as participantes acordaron la difusión de un comunicado a través del cual expresan su preocupación por el incremento de los casos y se comprometen a “llevar adelante una agenda de políticas contra la violencia institucional, coordinando acciones desde el Consejo Federal de Derechos Humanos”.
En el documento, se destacan como las prioridades de esta agenda la modernización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, la puesta en funcionamiento de los mecanismos locales para la prevención de la tortura, la concientización a los/as ciudadanos/as sobre sus derechos y la visibilización de la problemática, entre otras.
Asimismo, manifiestan la necesidad de que estas iniciativas se transformen en políticas de Estado, independientemente del signo político de los circunstanciales gobiernos, y que las mismas involucren a los tres poderes: “Necesitamos un Poder Judicial que avance con rapidez en el esclarecimiento de los casos, y en el juicio y castigo de los/as responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos”.