Este año el Superior Tribunal de Justicia dictó la inconstitucionalidad de los edictos policiales que siguen vigentes hasta tanto no se aplique el nuevo código. Sin embargo, aún no creó los juzgados y cargos necesarios, ni incluyó las partidas presupuestarias que se requieren para ello.
USHUAIA.- Como viene sucediendo cada año desde diciembre de 2015, la Legislatura volverá a prorrogar el plazo para crear la estructura orgánica necesaria dentro del Poder Judicial para la aplicación del Código Contravencional provincial Ley 1024. El último plazo fijado por los legisladores vence en febrero de 2022 y para evitar la prórroga durante el año en curso, se deberían haber designado dos jueces, dos fiscales y dos defensores, en todos los casos uno por Distrito Judicial.
El Código Contravencional de la provincia fue creado en 2015 para sancionar conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos y que actualmente son castigadas aplicando los edictos policiales del año 1975, es decir, de plena dictadura militar.
Lo llamativo es que el Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano que debe crear la estructura orgánica de los dos juzgados contravencionales –uno en Río Grande y otro en Ushuaia- para poner en práctica la ley sancionada en 2015, no hizo nada por modificar esta situación, aun cuando en agosto de este año emitió un fallo que declara de oficio la inconstitucionalidad de los 24 edictos policiales.
El código tipifica conductas que afectan las libertades personales, la integridad física, a los niños y adolescentes, derechos personalísimos y la propiedad pública y privada. En otras palabras, la entrada en vigencia de esta norma, permitirá castigar conductas como las peleas callejeras, el hostigamiento, la profanación de tumbas y cadáveres, destruir señales de tránsito, perturbar celebraciones religiosas, afectar servicios de emergencias, manchar o ensuciar bienes, ejercer ilegítimamente una actividad, quebrantar una inhabilitación para conducir y hacer ruidos molestos entre muchas otras conductas insanas, que afectan la vida cotidiana de la gente común.
El caso que llegó a análisis de la máxima corte provincial se remite a una causa denominada “González Feigi, Rocío Celeste s/resistencia a la autoridad, lesiones leves y daños agravados” en una flagrancia en la que la mujer dañó un patrullero y se resistió luego de ser detenida contravencionalmente.
La mujer fue condenada a 4 meses de prisión efectiva por el hecho del 9 de mayo de 2019, cuestión que llegó en casación ante el Superior Tribunal de Justicia donde los jueces consideraron de forma “unánime” que es inconstitucional la detención de ciudadanos en estado de ebriedad en la vía pública sin haber cometido delito alguno.
Las razones presupuestarias y los plazos necesarios para designar al personal han sido siempre el motivo para postergar la puesta en funcionamiento de los juzgados contravencionales que, según la corte fueguina, requiere de una estructura de al menos 30 personas, entre ellos, dos jueces, dos fiscales, dos defensores, seis secretarios de primera instancia y otros 14 agentes de distintas categorías. Además, es preciso nombrar un mediador y un agente administrativo por Distrito Judicial.
Sin embargo, el proyecto de ley sobre Presupuesto de Recursos y Gastos del Poder Judicial para el ejercicio 2022 estima gastos por 7.870 millones de pesos, un 57,4% más que el presupuesto del corriente año según Ley 1333.
Como siempre, los intereses de la Justicia fueguina van a contramano de la sociedad, ya que por séptimo año consecutivo, no hay indicios de la creación de esos cargos y según se desprende del proyecto presentado en el Parlamento, del total de los recursos que necesitará el Poder Judicial el año próximo, casi 6.581 millones se destinarán al pago de sueldos de 920 empleados y unos 599 millones serán afectados a la construcción de nuevos edificios.