El presidente de la Comunidad Indígena “Rafaela Ishton” Rubén Maldonado, denunció que los integrantes de la comunidad no han podido acceder en los últimos dos años a los subsidios de la Ley Progreso y afirmó que se les imponen condicionamientos para realizar cualquier trámite ante el Ministerio de Producción Ambiente, lo que les impide trabajar y vivir en condiciones dignas.
USHUAIA.- “Es la primera vez que un gobierno nos cierra todos los caminos para evitar que podamos trabajar usando los recursos de nuestro propio territorio comunitario en forma sustentable y ordenada y que nos ignora como pueblo indígena constituido a la hora de informarnos y consultarnos”, indicó Maldonado.
“Como en el siglo 19, cuando exponían a los integrantes de nuestro pueblo en zoológicos humanos, este gobierno está violando los más básicos derechos humanos que son la libertad y el derecho a vivir dignamente y nos abandona a nuestra suerte. Solo nos falta la jaula”, sentenció el líder de la comunidad.
“Desde hace dos años tenemos frenados todos los permisos para poder usar nuestros recursos y cada vez que uno de nuestros miembros inicia un trámite, se lo traban con excusas y falsas acusaciones que no han podido demostrar con documentación ni pruebas. Las autoridades están siempre fogoneando divisiones para debilitarnos como comunidad y así poder usar nuestros recursos a su antojo”, afirmó.
Cabe recordar además que, desde hace años, la comunidad viene reclamando la ejecución del proyecto de electrificación del territorio para que los miembros de la comunidad que aún no tienen vivienda puedan instalarse en el campo y así tener trabajo. “Durante el gobierno de Gustavo Melella en dos oportunidades se comprometieron a hacerlo. Vinieron a sacarse la foto y nos dejaron peor que antes, porque no solucionaron ni uno solo de todos los problemas que tenemos y los problemas se agravaron todavía más”, dijo Maldonado.
Además, el Presidente de la comunidad selk´nam denunció que “estamos en plena época de producción y no pudimos acceder a ningún proyecto de agricultura familiar. Podríamos haber sembrado papas o iniciar la producción de alimentos, pero nos cierran todas las puertas para que no podamos acceder a herramientas, asistencia técnica o dinero para invertir. Nos piden inscripciones en la Afip y en Aref para iniciar proyectos familiares y no hace falta nada de eso. Las comunidades indígenas estamos libres de gravámenes y embargos por lo que no estamos obligados a inscribirnos en Afip para trabajar y poder subsistir”, aseguró Maldonado.
“Todavía no tenemos nuestro plan de manejo forestal para poder explotar en forma familiar y sustentable nuestro bosque como lo hacen los privados o cualquier pequeño productor forestal. Autorizan a todos, menos a nosotros. Es evidente que hay una animosidad en contra nuestra. Me gustaría saber si el Gobernador está al tanto de todo el maltrato que estamos recibiendo de parte de sus funcionarios y empleados y quisiera saber si ellos estarían dispuestos a vivir como nos obligan a nosotros”.