Zapata García, el titular del Ministerio de Economía de la provincia, consideró que el acuerdo “establece grandes pautas orientadas a generar inversiones para el desarrollo económico y la creación de puestos de empleo”.
USHUAIA.- El ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García, se refirió a algunos aspectos técnicos del Consenso Fiscal impulsado por el Gobierno nacional, el cual fue firmado el pasado lunes por el Presidente y representantes de 23 jurisdicciones del país.
El pacto “es indispensable para mantener un trabajo coordinado entre Nación y las provincias, respetando la autonomía de cada uno de los distritos. Establece grandes pautas orientadas a generar inversiones para el desarrollo económico y la creación de puestos de empleo”.
Entre los puntos acordados, el Ministro de Finanzas Públicas, destacó los aspectos vinculados con la responsabilidad fiscal y la capacidad de reestructurar la deuda en moneda extranjera de la Provincia.
Remarcó el compromiso de realizar intercambios de información con la AFIP para mejorar los controles y disminuir la evasión fiscal que impide que el Estado provincial pueda realizar actividades, programas y obras públicas para atender las necesidades de las fueguinas y los fueguinos.
Por otro lado, el Gobierno nacional se compromete a regularizar el envío de remesas pendientes, aproximadamente unos $33 millones de pesos, de cancelación en el marco del Consenso Fiscal que estaba pendiente desde el año 2019 y quedar al día durante el año 2022.
También, el acuerdo de Consenso Fiscal suscripto en el día de ayer posibilita que la provincia avance en la reestructuración de la deuda de 200 millones dólares con los tenedores de bonos contraída por medio del Bono TFU27.
Por último, las provincias que suscribieron y la Nación convinieron en que el 2022 será un año de transición y de adecuación de los efectos de la pandemia por covid. Para esto, se consensuó en la necesidad de retomar las pautas de gasto público que existían previo a marzo de 2020, que habían sido flexibilizadas para poder contener los efectos adversos dando respuesta a las demandas sanitarias que habían surgido de manera intempestiva y requirieron ser priorizadas.
Alcance tributario
El director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, analizó los alcances del Consenso Fiscal, indicando que “las provincias se comprometen a continuar trabajando en un programa integral de simplificación y coordinación tributaria federal, especialmente en lo relacionado a normas generales y de procedimientos; sistema de registro, declaración y pago de las obligaciones; régimen de recaudación; regímenes especiales para pequeños contribuyentes; y domicilio fiscal electrónico unificado.
Respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el contador Bahamonde precisó que “se fijan las alícuotas máximas para las distintas actividades, las cuales la provincia cumple en su totalidad. Asimismo los fiscos provinciales se comprometen a la aplicación de mecanismos de devolución o compensación del impuesto para los contribuyentes que tengan saldos a favor”.
Bahamonde indicó que “se incluye en el hecho imponible del impuesto el comercio electrónico de servicios digitales prestados por sujetos radicados en el exterior a consumidores domiciliados en jurisdicción provincial, como así también la intermediación en la prestación de servicios a través de plataformas digitales, y las actividades de juego que se desarrollen a través de cualquier medio digital”.
En tanto que, al referirse al Impuesto de Sellos, el funcionario analizó que “se establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. Respecto de ellas, la provincia tiene valores inferiores a estos topes”, recordó.
Mientras que relacionado al Impuesto a los Automotores, en el nuevo Consenso Fiscal al que adhirieron el resto de las provincias también, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, “se determina como base imponible del Impuesto, como mínimo, el 95% de las valuaciones de los vehículos Automotores, una alícuota mínima anual del tributo de un 2% y promover la adhesión de los gobiernos municipales a lo establecido.