Tras la publicación de la resolución de Nación que exige una mayor integración de componentes nacionales en la producción de teléfonos celulares, ya en septiembre pasado la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN) había planteado su desacuerdo al entender que ante el recambio de Gobierno nacional “no es posible tener garantías de cuál será el tratamiento que las nuevas autoridades darán a la problemática”.
RIO GRANDE.- En una carta dirigida en septiembre pasado a la ministra de Industria provincial, Carolina Yutrovic, desde la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN) plantearon su desacuerdo ante el tratamiento del nuevo proceso productivo para la fabricación de teléfonos celulares y la exigencia desde Nación para sumar mayores componentes nacionales.
A través de una nota presentada en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) el 28 de septiembre pasado, la entidad que conduce Julián Ballarino había señalando que desde “la CAFIN, la UIF y la Cámara de Comercio y otras actividades empresarias de la ciudad de Ushuaia considera que no es el presente el mejor momento para emprender esta tarea”, argumentando que “a menos de 90 días del cambio del Gobierno nacional, no es posible tener garantías de cuál será el tratamiento que las nuevas autoridades darán a la problemática que nos ocupa”.
“Un hecho que no deja de generar preocupación, reside en que el próximo 16 de diciembre habrá de caducar el sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, no teniéndose claro qué régimen las sustituirá, a efectos de lograr la necesaria protección de la industria nacional”, indicaba además el escrito.
Para la CAFIN “en ese contexto, donde no se sabe a ciencia cierta cuál será la competencia a enfrentar, la incorporación de mayores operaciones y procesos -que necesariamente incrementarán el costo de producción de cada unidad en Tierra del Fuego- abre interrogantes con relación a si los celulares fabricados en el AAE resultarán competitivos en el nuevo escenario”.
“Es por ello que entendemos prudente hacer un compás de espera hasta fin de año, plazo en el cual se podrá evaluar mejor qué resultará más conveniente a futuro para todas las partes involucradas, y tener la posibilidad de insertar un esquema gradual de sustitución de importaciones e incorporación de procesos acorde con el mercado a enfrentar”, agregaba la nota.
Sin embargo, la entidad no se opone a la sustitución de importaciones sino que lo considera “el camino que habrá de continuar transitando el régimen fueguino”, entendiendo que “nos parece razonable incorporar en esta instancia la nacionalización progresiva de cargadores, así como acelerar las conversaciones con las partes involucradas de modo de implementar lo establecido en el artículo 9 del proyecto de resolución bajo estudio, en forma universal para todos los equipos a comercializar en el país”.
“Adicionalmente, sugerimos prestar especial atención a la velocidad con que las marcas internacionales cambian los modelos de celulares, lo que dificulta la incorporación de insumos que requieren homologación, así como tener en cuenta no avanzar en aquellas medidas que puedan atentar contra la operatividad de las compañías más pequeñas”, concluye el documento.
