Los concejales que integran la Sala Acusadora concluyeron que “no existe responsabilidad del Intendente” en el caso de las irregularidades en el uso de una tarjeta corporativa del Municipio. Por unanimidad rechazaron la denuncia que fue formulada contra Martín Perez.
RIO GRANDE.- Los integrantes de la Sala Acusadora del Concejo Deliberante concluyeron en rechazar por unanimidad la denuncia formulada contra el intendente Martín Perez, por no existir responsabilidad de su parte que pueda encuadrar como causal de juicio político.
En un dictamen firmado por los concejales Javier Calisaya, Walter Campos, Hugo Martínez, Cintia Susñar, Miriam Mora y Pablo Llancapani, señalaron que “el intendente Martín Perez no es responsable de la acción llevada adelante por un exempleado municipal que fue denunciado por el propio Municipio por realizar compras indebidas con una tarjeta con fines específicos”.
La conclusión de la Sala Acusadora surgió luego de una exhaustiva investigación que implicó la recolección de pruebas documentales. Además, resaltaron que durante el proceso abierto “el Intendente ha cumplido con los requerimientos necesarios para clarificar y dar transparencia a las actuaciones llevadas adelante desde el momento que se identificó este hecho”.
La decisión de eximir al Intendente de responsabilidad se fundamentó en el hecho de que la Comisión Investigadora accedió a toda la documentación requerida, incluidos los resúmenes de la tarjeta donde se acreditan los gastos indebidos de parte del exempleado municipal denunciado; y se analizaron las actuaciones judiciales de donde surge que el propio Ejecutivo presentó la denuncia y luego la solicitud de constituirse como querellante en esta causa.
La Comisión Investigadora, en su dictamen, puntualiza que esta decisión “para nada implica afirmar que no existen responsabilidades de nadie más que la del exfuncionario municipal denunciado, pero eso lo determinará el Poder Judicial en el marco de la causa que se tramita ante aquel”.
Los concejales recomendaron “evaluar en profundidad el alcance de las responsabilidades y la adopción de medidas adecuadas para mejorar los procedimientos internos de control en la ejecución del gasto público, para evitar que se reiteren maniobras como la investigada y garantizar la transparencia en el manejo del dispositivo digital”.