USHUAIA.- Con fecha 25 de noviembre, el vicegobernador Roberto Crocianelli firmó un convenio de asistencia financiera con los entonces ministros de Economía, Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; por la suma de hasta 1.050 millones de pesos, suma que será destinada a atender el déficit de las cuentas públicas y garantizar el pago de los salarios. La gobernadora Fabiana Ríos ratificó el acuerdo mediante Decreto 2829/15, que ahora deberá ser tratado en la Legislatura.
En las cláusulas del convenio de asistencia financiera, el Estado Nacional otorga, en calidad de préstamo a la Provincia, hasta la suma de 1.050 millones de pesos que serán aplicados a atender desequilibrios fiscales y/o atrasos de tesorería y servicios de la deuda.
El préstamo será reembolsado por la Provincia de acuerdo a las siguientes condiciones: El capital se devolverá en 168 cuotas mensuales y consecutivas. Los intereses a aplicar será del 6 por ciento anual y se capitalizarán hasta el 31 de diciembre de 2016. Se establece que el pago de servicios de la deuda se retendrá de la coparticipación federal.
En los considerandos del convenio, uno de los acápites señala que “la Provincia requiere una asistencia financiera con el objeto de hacer frente a los gastos para la atención del déficit financiero y para regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales”.
En el convenio suscripto, la Provincia se compromete a implementar una política fiscal y un programa financiero compatibles con el resultado financiero requerido en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
El convenio entrará en vigencia una vez que, por la norma provincial que corresponda, se apruebe y se autorice el endeudamiento y la afectación de la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
En los considerandos de la medida se establece que resulta necesario que la Provincia pueda mantener la aplicación de políticas públicas que sostengan las actividades productivas, preserven los niveles de empleo y financien la asistencia requerida por los sectores sociales desprotegidos, derivando ello en un mayor gasto con impacto en el equilibrio fiscal.