Como cada año, en el reciente debate parlamentario sobre el proyecto de presupuesto 2023 las legisladoras y legisladores de todo el país tuvimos la oportunidad de demostrar realmente los valores que están detrás de nuestras acciones.
RIO GRANDE (*Por Rosana Bertone).- En lo personal, considero que el ejercicio democrático que se da en el recinto con infinitas negociaciones e intercambio de ideas, no sólo con la oposición política sino incluso también dentro de nuestro propio espacio, es una excelente ventana para que la ciudadanía que nos votó pueda ver si sus intereses están siendo justamente representados y nos juzgue por lo que hacemos, no por lo que decimos en campaña. Y cuando hablo de intereses no hablo en sentido metafórico, sino literal. Las negociaciones en el presupuesto son una suerte de ejercicio de “manta corta” que busca un sano equilibrio entre el bien colectivo y una sana puja individual por recursos de obra pública para la provincia que cada uno representa.
Últimamente se ha criticado abiertamente los beneficios de la Ley 19.640 por su supuesto costo fiscal, pero a nuestro entender muchas veces se habla desde el desconocimiento, por clara mal intención política o no se toman en cuenta otros factores que, indudablemente, deben considerarse. Rosana Bertone
Por eso, ante los reiterados e injustos ataques a nuestro régimen de promoción industrial amparado por la Ley 19.640, resultaba clara no sólo mi obligación sino también mi profunda convicción como diputada nacional y exgobernadora de la provincia de Tierra del Fuego de hacer a un lado cualquier diferencia ideológica particular para trabajar de manera transversal y consensuada con todos los diputados y diputadas de mi provincia, incluso con aquellos de espacios políticos que desde hace años han hecho todo lo posible por destruir la industria nacional fueguina y que, inclusive, finalmente terminaron ausentándose en la votación o absteniéndose para no hacer enojar a sus referentes nacionales. Pero para nosotros los peronistas, mejor que decir es hacer, y por eso me enfoqué totalmente en defender a toda costa la subsistencia de las más de 9.600 familias que viven de forma directa de la industria electrónica de mi provincia y de las otras 7.300 familias que lo hacen de forma indirecta.
Como resultado de este gran esfuerzo, y debo agradecer el acompañamiento de nuestro espacio político, logramos dar media sanción a un proyecto de presupuesto muy benéfico para la sociedad fueguina porque cumple con varios objetivos a la vez: 1) Primero que nada, reafirma tácitamente la plena vigencia de todos los beneficios de la Ley 19.640 y del subrégimen industrial, tan cuestionados por la dirigencia nacional de la Coalición Cívica, 2) Establece en su artículo 96 –anteriormente 97– una alícuota preferencial en Impuestos Internos para la producción fueguina que representa la mitad de lo que pagan los mismos productos importados, 3) De manera muy importante, por primera vez en la historia incorpora la alícuota antes mencionada a los beneficios de la Ley 19.640, lo que en términos prácticos significa que al tener rango de ley no puede ser modificada por decreto del presidente en turno y tampoco tiene fecha de vencimiento –la alícuota actual de Impuestos Internos vence en 2025- y 4) Adiciona en una planilla anexa obras públicas muy importantes para Tierra del Fuego que no habían sido contempladas en el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo Nacional, como es el caso del nuevo puente para la Margen Sur, en Río Grande, entre otras.
Últimamente se ha criticado abiertamente los beneficios de la Ley 19.640 por su supuesto costo fiscal, pero a nuestro entender muchas veces se habla desde el desconocimiento, por clara mal intención política o no se toman en cuenta otros factores que, indudablemente, deben considerarse. Más allá de que tenemos profundas diferencias respecto a la metodología que se ha usado para estimar el supuesto costo fiscal que tiene nuestro régimen industrial, primero que nada no hay que olvidar su objetivo geopolítico de fomentar la actividad económica a través del otorgamiento de beneficios fiscales a fin de asegurar el establecimiento permanente de población argentina en la región más austral del continente. Este principio de soberanía territorial nos debe interpelar a todos y a todas, y bajo esta métrica hay que decir que la Ley 19.640 ha sido muy exitosa. De acuerdo con los censos y proyecciones poblacionales, entre 1970 y 2022 la población fueguina pasó de tan solo 13.500 habitantes a 182.000.
Pero, de manera muy importante, es necesario derribar el mito de que la eliminación de las medidas de protección de la industria nacional automáticamente se traduce en un beneficio en precio para los consumidores. Recordemos que esta receta de derecha ya fue aplicada por el gobierno de Juntos por el Cambio con resultados desastrosos. En febrero de 2017, en el gobierno de Macri eliminaron los aranceles a los productos de informática (del 35% al 0%) y, lejos de obtener los supuestos beneficios pretendidos, esta categoría registró el mayor crecimiento de precios y la mayor caída en ventas dentro del mercado de electrodomésticos, se perdieron más de 6.000 puestos de trabajo en todo el país entre directos e indirectos, se registró una sensible disminución en la recaudación nacional por la eliminación de derechos de importación y se evidenció una gran pérdida en capacidad instalada y “know-how” industrial.
De manera muy importante, es necesario derribar el mito de que la eliminación de las medidas de protección de la industria nacional automáticamente se traduce en un beneficio en precio para los consumidores.Rosana Bertone
Aunado a lo anterior, también se hace necesario derribar algunos otros mitos en torno a nuestra industria electrónica. No es cierto que somos “meros ensambladores”. Las fábricas terminales de Tierra del Fuego son la etapa final de la cadena global de producción de electrónica, similar a cualquier fábrica mundial. Tampoco producimos electrónicos de menor calidad. Por el contrario, la manufactura de nuestra provincia opera bajo los más altos estándares y certificaciones rigurosas de calidad internacional, por lo que marcas como Samsung, LG, Motorola y Huawei permiten que se fabriquen sus productos en el país. Nuestra línea de producción no es vieja, sino que los lanzamientos de nuevos productos producidos en Tierra del Fuego están en línea con los internacionales.
Logramos defender la Ley 19.640; resistimos tenazmente propuestas que circularon en el recinto legislativo para que los productos fueguinos fueran los únicos que pagaran impuestos internos mientras que los importados no pagarían nada; mantuvimos beneficios tributarios preferenciales para la producción fueguina; logramos que esos beneficios sigan los plazos de vencimiento de los decretos 725/2021 y 727/2021, y ahora vamos a tener más obras para mi querida provincia. Por eso, ahora más que nunca, mejor que decir es hacer!
(*) Actual Diputada Nacional y ex Gobernadora de la Provincia.