Perú decretó el martes un toque de queda durante tres días en la región de Puno, frontera con Bolivia, donde un policía murió quemado por una turba después de que 17 civiles fallecieran en protestas el día anterior, en los actos más violentos tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo.
BUENOS AIRES (NA).- La región de Puno se puso de duelo hasta jueves por la gran cantidad de muertos en la víspera, elevando a 39 los civiles fallecidos tras violentos disturbios iniciados en diciembre en varias localidades del país, principalmente en el sur andino.
El Ministerio de Interior confirmó el primer policía muerto durante las protestas, luego del ataque de desconocidos en Puno a un vehículo de las fuerzas de seguridad en la madrugada del martes. La unidad fue incendiada. Otro policía quedó herido.
El primer ministro, Alberto Otárola, dijo en un discurso en el Congreso que el Gobierno no se opone a las protestas, pero que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el orden público tras la actuación de “violentistas” financiados con dinero “oscuro” de la minería ilegal y el narcotráfico.
“Unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional”, dijo el ministro. “Tengan la seguridad de que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este Gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia”, agregó.
El jefe del gabinete de Gobierno informó que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno “por el plazo de tres días, desde las 20 (local) hasta las 4”.
Otárola acudió con su gabinete de ministros al Congreso dominado por partidos conservadores, en busca de un voto de confianza, un requisito constitucional y tradicional para permanecer y liderar un nuevo equipo de Gobierno.
En la peor jornada de protestas por el número de víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno informaron además de 68 civiles y 75 policías heridos en la víspera en Puno, muchos de ellos por balas o perdigones, según las autoridades de salud.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de “rebelión”, cargo que el exmandatario niega.
La firma de mercado BTG Pactual dijo el martes que los recientes disturbios en Perú tendrán un impacto negativo en los sectores de servicios y turismo del país, y en cierta medida, en la actividad minera del segundo productor de cobre del mundo.
“Por el momento, el principal riesgo es la interrupción de la carretera, que afecta la entrada y salida de consumibles y, en cierta medida, minerales, según la duración de las interrupciones”, indicó la firma en un comunicado.
Raúl Alfaro, comandante general de la policía de Perú, dijo a periodistas que el vehículo policial en la que se trasladaban los dos agentes fue “emboscado” por un grupo grande de personas. Tras ser reducidos, ambos fueron golpeados por la turba, afirmó.
“Le quitaron sus armas de fuego, los han vejado”, dijo el oficial. “Uno de ellos pudo escapar, el otro no pudo hacerlo y la turba acabó con su vida, lo han quemado vivo”, refirió Alfaro en el aeropuerto militar de Lima, donde llegó el policía herido con múltiples golpes en la cabeza en el ataque de Puno. “Hay muchas personas que están azuzando este tipo de violencia indiscriminada sin justificación racional”, agregó.
Las protestas en Puno continuaron hasta la noche del lunes, con saqueos de algunos negocios, según las autoridades locales.
Asimismo, manifestantes prendieron fuego en la víspera a la vivienda del legislador Jorge Flores, representante de Puno por el partido derechista Acción Popular. El congresista denunció en la red social Facebook que él y su familia han sido amenazados.