En Congreso de delegados, que se realizó en Tolhuin, la Asociación Trabajadores del Estado resolvió interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1068, por la cual se declara la emergencia del sistema de la seguridad social en la Provincia.
RIO GRANDE.- ATE es el primer gremio que definió judicializar la ley 1068, por la cual se declaró el estado de emergencia del sistema previsional en la Provincia, entendiendo que el mismo violenta contra el artículo 51 de la Constitución de la Provincia, que declara la intangibilidad de los recursos que conforman el patrimonio de las cajas previsionales.
En un congreso provincial de delegados de la Asociación Trabajadores del Estado, la comisión directiva anunció la presentación de un planteo de inconstitucionalidad, que será presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, para lo cual está trabajando un grupo de constitucionalista de la ciudad de Buenos Aires, del Consejo Nacional de ATE.
Desde el gremio estatal sostienen que la emergencia se declara en base a una situación de crisis financiera, la cual desconocen y rechazan, entendiendo que la caja de jubilaciones de la Provincia tiene una acreencias por miles de millones, pero que los Gobierno se han negado a honrar y pagar.
“Acá se están violentando derechos adquiridos de los trabajadores”, indicó el secretario general de la seccional Río Grande de ATE, Marcelo Córdoba, al fundamentar la decisión de recurrir ante la Justicia.
Segundo Rodríguez, un dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado, que tiene una vasta experiencia en materia de régimen previsional de la Provincia, comparó a la nueva ley de emergencia con la Ley 460 y dijo que se trata de una nueva confiscación a derechos adquiridos por los trabajadores que pasaron a la clase pasiva.
Rodríguez hizo responsable de la situación del sistema de la seguridad social en la Provincia a los ocho años de gobierno de Fabiana Ríos, que durante todo ese período no cumplió con lo establecido en la Ley 676, sobre el pago de la deuda histórica de los 208 millones de dólares, que fueron “saqueados” de los depósitos que los jubilados habían confiado al Banco Tierra del Fuego.
Marcelo Córdoba, secretario general de ATE, seccional Río Grande.