La secretaria de Energía, Flavia Royón, aclaró que la intervención de Edesur “no es una estatización” de la distribuidora eléctrica, sino que responde a una “necesidad inmediata” de atender los reclamos de los usuarios ante los constantes y prolongados cortes de luz en su área.
BUENOS AIRES (TELAM).- Royón advirtió también que “en caso de que la situación persista se avanzará con el quite de la concesión”. El Gobierno oficializó ayer la intervención administrativa por 180 días, que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio, según lo determinó la Resolución 307/2023 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Además, formalizó la designación como interventor del intendente del partido bonaerense de Avellaneda y exministro de Desarrollo Territorial de la Nación, Jorge Ferraresi, quien seguirá ejerciendo al mismo tiempo el cargo al frente del municipio.
Royón explicó a Radio Télam y Radio 10 que resultó necesario realizar “una acción inmediata” sobre la operatoria de Edesur y agregó que la intervención administrativa por 180 días le permitirá al Gobierno “verificar y controlar el plan de inversiones y fiscalizar el cumplimiento de las obras y mejoras en el servicio”.
“Debemos tratar de mejorar la calidad del servicio; sabemos que no será una solución de un día para el otro”, afirmó la funcionaria, quien, no obstante, advirtió que, “en caso de que la situación persista, se avanzará con el quite de la concesión”.
No obstante, subrayó que hoy “la operación sigue estando en cabeza de la empresa” pero señaló que la intervención dispuesta le permite al Ejecutivo “tener un mejor control, sobre todo ahora que viene el invierno para poder actuar con mayor rapidez y poder verificar y controlar el plan de inversiones”.
“Necesitamos una acción inmediata, los usuarios tienen que tener el servicio”, aseveró Royón en relación al anuncio realizado ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa. En este sentido, explicó que “la acción que tomó el ministro es para estar un paso adelante de lo que está pasando”.
Al respecto, consideró que “es importante que la gente haga los reclamos para poder recibir los resarcimientos correspondientes”, expresó la funcionaria, que a su vez remarcó que las tarifas de Edesur deben ir “directamente a las obras”.
En tanto, el flamante interventor dijo que el ministro Massa le pidió “fiscalizar, controlar y monitorear las obras para la mejora del servicio” de la empresa privada de energía eléctrica, al tiempo que advirtió que “situaciones como las que tuvieron que vivir los vecinos y vecinas debido a la desidia” de la compañía “ya no son tolerables”.
La medida de intervención de Edesur publicada en el Boletín Oficial, señala que “el interventor designado deberá elevar al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) informes parciales con una periodicidad no mayor a diez días y un informe final dentro de los diez días contados a partir de que se disponga la finalización de su función de fiscalización y control”.
Finalmente, se invita al “Gobierno de la Ciudad y al de la provincia de Buenos Aires para que designen, respectivamente, representantes a fin de que se integren a la intervención dispuesta”.
En los considerandos, la medida señala que “resulta imprescindible reforzar las medidas de control sobre la gestión de la distribuidora en orden a reconducir la prestación, a favor de la defensa de los derechos de los usuarios, tutelados por la Constitución Nacional, los marcos regulatorios y demás normativas”.
En tanto el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, señaló que lo que el Gobierno busca con la intervención es “que cada peso destinado para mantenimiento, vaya a obras efectivamente”. En declaraciones formuladas a FutuRöck, Yanotti explicó que, si bien “el interventor no tiene capacidad operativa, va a fiscalizar y autorizar gastos”, y dijo que, a partir de esta decisión, el grupo Enel no puede gastar en lo que considere “sino que tiene que hablar con el interventor”.
En este punto, buscó reforzar la idea de que “a Edesur la sigue conduciendo el grupo Enel, con sus directores y sus gerentes”, pero remarcó que “tienen que decidir con el interventor cada peso que se gaste”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, expresó su “agrado por la intervención a Edesur”, aunque opinó que “se tendría que haber realizado antes, y no es suficiente”.
En este sentido, se manifestó a favor de “crear un fuero específico que atienda estas cuestiones y que se distinga por su velocidad”. “Es la crónica de una muerte anunciada, desde 1990 se hizo un sistema de energía para garantizar las ganancias de las empresas”, consideró Lubertino y agregó: “Estas empresas deben ser estatales o vamos en camino a quedarnos sin energía. Está bien la intervención, pero tienen que tomar la decisión política de estatizar”.