La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó ayer un duro protocolo antipiquetes para evitar cortes en calles y rutas en el país con la intervención de las cuatro fuerzas federales. Explicó que el objetivo es garantizar la libre circulación en rutas y calles.
BUENOS AIRES (NA).- «La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple», sentenció la funcionaria, que agregó que «si se toman las calles habrá consecuencias: vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz». Además, anunció la derogación del «protocolo garantista» de la exministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré.
Así lo afirmó Bullrich durante una conferencia de prensa en la que realizó un punteo de los nuevos procedimientos de las fuerzas federales ante diversas situaciones de alteración del orden público.
Aseveró que no se tomará en cuenta la liberación de vías alternativas durante los cortes.
«El propósito de este protocolo es cumplir la ley y, como dice el presidente (Javier Milei), ´el que las hace las paga´», lanzó Bullrich en el inicio de su locución.
En esa línea agregó: «Por otro lado, cuidar a quienes nos cuidan y establecer un protocolo de actuación que proteja en su accionar a las fuerzas federales».
Bullrich indicó que «las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales» y «podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes» cuando «hay delito infraganti».
Destacó además que las fuerzas federales, en referencia a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), «van a actuar en las zonas federales. Eso llevará a que las fuerzas provinciales deben actuar en las zonas de sus competencias y tener un trabajo en común».
Además, advirtió que no se va a «tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito y circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado todo el espacio de circulación».
La ministra dijo que para llevar a cabo estas medidas, «las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia».
No obstante, señaló que «serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar a los vehículos y a sus conductores registrados. Se van a registrar todas las infracciones administrativas existentes y se va a proceder a incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyo conductores no tengan la documentación que tienen que tener».
El accionar de las fuerzas federales abarcará además las estaciones de ferrocarril para apuntar a «aquellas personas que vayan con tipo de material que debe ser incautado, sean palos o caras tapadas, intentando no ser reconocidos por las fuerzas».
Bullrich dijo que se tendrá en cuenta mediante las autoridades pertinentes las personas detenidas que tengan planes sociales, sobre todo en cuanto a «los instigadores, sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa».
Asimismo, indicó que «en el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños y que no estén los niños -cuando tienen que estar en sus escuelas- en una manifestación».
Bullrich también sostuvo que «los costos de los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables», ya que «el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrá que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos deberán hacerse cargo», y «en caso de tratarse de extranjeros se mandará la información a Migraciones».
«Se va a crear un registro de las organizaciones que participan en estos hechos y que sistemáticamente hacen de voceros de este tipo de manifestaciones. Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré», explicó finalmente.