La denuncia apunta contra la actuación de seis empresas transnacionales que estarían operando en la Plataforma Continental Argentina y contra otras sociedades que directa o indirectamente prestarían colaboración. El delito que se les imputa es el de presunta comisión de «actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas».
RIO GRANDE.- El titular de la Procelac, Carlos Gonella, junto al fiscal general coordinador de Distrito de Tierra del Fuego, Adrián García Lois y el fiscal de ésta jurisdicción, Marcelo Rapoport; presentaron la denuncia por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en Malvinas, que apunta contra la actuación de seis empresas transnacionales que estarían operando en la Plataforma Continental Argentina y contra otras sociedades que directa o indirectamente prestarían colaboración.
El doctor Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos; explicó que se solicitó a la jueza Federal Lilian Herráez la investigación de las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration.
El delito que se les imputa es el de presunta comisión de «actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas», dado que esas empresas no cuentan «con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina».
Los fiscales remarcaron en su presentación que deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la Ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina, que prevé hasta quince años de prisión.
También considera el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio, como también el decomiso de los bienes vinculados -cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar-, a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.
Recordaron que la ley prevé que «la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible».
Puntos salientes
Los puntos salientes del escrito que presentaron en la denuncia, enumera los siguientes pedidos a la Jueza Federal:
-Si la actividad ilegal de las operadoras petroleras denunciadas produce una significativa afectación de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional.
-La comisión de acciones mediante las cuales, utilizando residuos peligrosos, se contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera, o el ambiente en general.
-Evaluar si las actividades ilícitas de exploración y explotación pudieran significar contrabando por importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras de nuestro país.
-Se tiene que investigar si se tuvo al sustraer del contralor aduanero al ingreso de bienes necesarios para la realización de aquellas actividades y el eventual egreso del producido de las mismas.
Otros implicados
La denuncia también alcanza a diferentes sociedades que, directa o indirectamente, «habrían efectuado y/o estarían efectuando aportes de diversa índole a la maniobra delictiva», como Pretoleum Geo-Services (PGS), la cual mediante los buques de sus propiedad «PGS M/V Ramford Sterling», «PGS Ramform Titan» y «Falcon Explorer», habría realizado tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos.
Sumaron a Desire Petroleum p.l.c., que habría suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL; Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico «MV Poseidon», el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible «Eirik Raude», con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino, reseñaron los fiscales.
IMPULSO.- La presentación, formulada ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, constituye el impulso de la acción penal de la denuncia presentada ante la Procelac por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, con el patrocinio de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
