Las advertencias se dieron durante un encuentro entre representantes de ONG’s de consumidores y vecinos de localidades bonaerenses, en medio de la fuerte preocupación de los usuarios de servicios públicos tras la llegada de las primeras facturas con incrementos de hasta el 600 por ciento.
BUENOS AIRES (NA).- Representantes de ONG’s de consumidores alertaron sobre la ilegalidad de los aumentos en las tarifas de luz, al argumentar que no fueron convocadas audiencias públicas, mientras expresaron su preocupación por cómo afectarán esos incrementos en los bolsillos de los usuarios.
Las advertencias se dieron durante un encuentro que mantuvieron con vecinos de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en medio de la fuerte preocupación de los usuarios de servicios públicos tras la llegada de las primeras facturas con incrementos de hasta el 600 por ciento.
En la reunión, que tuvo lugar en la Casa de Auxilio, los disertantes reclamaron que los aumentos sean progresivos y no en shock como impone el Gobierno, para que se tenga en cuenta la capacidad de consumo de los usuarios y las posibilidades financieras de las Pymes.
Además, pidieron al Gobierno de Mauricio Macri que obligue a las distribuidoras Edenor y Edesur a rendir cuentas sobre qué hicieron con los más de 340 millones de pesos que recibieron en subsidios del Estado en los últimos ocho años.
Pedro Busetti, representante de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), explicó que además del aumento a los hogares, aumentaron las facturas de los comercios y las industrias.
«Eso afectará principalmente a las Pymes y será un costo que seguramente se trasladará a precios más altos; y al tener la gente menos capacidad de consumo, se trasladará a la baja de ventas», dijo Busetti.
El secretario general de la provincia de Buenos Aires por Libres del Sur, Jorge Ceballos, se refirió al amparo que presentó en Capital Federal y criticó el criterio de la tarifa social: «Plantea un consumo irreal de sólo 300kw, pero con los compañeros estuvimos averiguando y no hay hogar por debajo de 600kw».
«Muchos no tienen agua potable o gas, entonces necesitan generadores. Los requisitos planteados para la tarifa social muestran un absoluto desconocimiento», agregó Ceballos al cuestionar la gestión de Juan José Aranguren en el ministerio de Energía y Minería.
En la misma línea, Hector Polino, representante de Consumidores Libres, se refirió a las consecuencias que sufrirán los que alquilan ya que pagarán expensas más caras por la influencia de la electricidad.
Sobre las empresas, afirmó que ya sea por aumento de la población, cambio del clima o avance de la tecnología tendrían que haber invertido previamente.
Polino instó al Gobierno a preguntar dónde fueron los subsidios del Estado entre 2007 y 2015, cifras que superan los 340 millones de pesos.
«Y a pesar de esto hay una pésima calidad de servicio que cada vez es peor. Encima sus trabajadores son tercerizados, precarizando su situación laboral. Es una amoralidad y todos los gobiernos desde el menemato hasta la actualidad son cómplices», dijo.
Por su parte, Claudio Boada, representante de Unión de Usuarios y Consumidores, destacó que es una problemática que afecta a todo el país y que no hay que olvidar que la energía es un derecho y no una mercancía.
«Este aumento es el primero de una sucesión de aumentos que se realizarán no solo en electricidad, sino también en el gas y la nafta», detalló.
Por último, el presidente de la Casa de Auxilio, Arturo Ter Akopian, destacó la importancia de la participación vecinal y su preocupación por informarse. «Hay un divorcio entre la sociedad y sus representantes, estas empresas abusan sistemáticamente de los usuarios y debemos buscar la manera de hacer valer nuestros derechos».
