La concejal por FORJA, Verónica González, dio a conocer un documento a partir del cual confirmó que acompañará al decreto municipal que establece la adhesión al Fondo Solidario para funcionarios políticos. Insistió en “flagrante inconstitucionalidad de la Ley 1068″. Aclaró que «el acompañamiento al descuento de dicha ley es sólo a los fines del acompañamiento de la clase trabajadora pública a la que pertenezco hace mas de 20 años y que ha visto conculcados sus derechos».
RÍO GRANDE.- «Como integrante del Concejo Deliberante, dejo claramente plasmada mi postura manifestando con claridad la flagrante inconstitucionalidad de la Ley 1068» señaló mediante un comunicado la concejal Verónica González del bloque de FORJA; agregando que «debo decir que si bien, en el marco de las jerarquías legales, orden de prelación de las leyes, supremacía legal, una ordenanza municipal es inferior a una ley provincial, no es menos cierto que una ley provincial es inferior a la Constitución Provincial y Nacional, y a los principios que ella contiene, por ello la Ley 1068 que afecta principios sustanciales de la norma madre -autonomía municipal- no puede ni debe ser recepta como obligatoria por el estado municipal y este cuerpo deliberativo con pasividad, sólo por el mero hecho de ser una norma emanada por un órgano superior pero violatoria de principios constitucionales».
Aclarado lo anterior, y teniendo presente que el Ejecutivo Municipal receptó en forma positiva los principios y el posicionamiento del Cuerpo Deliberativo de la ordenanza 3472/16 y plasmó su criterio en el Decreto Municipal 0239/16; «corresponde a esta concejal expedirse respecto de la adhesión a dicho decreto y en orden al descuento previsto en la norma generada por la Legislatura Provincial, tal como debería haber sido en un principio, sin que se violentaran las autonomías de cada órgano constitucionalmente protegidas» indicó la Concejal.
Ahora bien, «debo dejar asentado que el descuento ha alcanzado a todo el empleo público, sin distinción de ninguna naturaleza salvo las públicamente conocidas y en el caso de nuestro Municipio las que éste cuerpo deliberativo en uso de sus facultades constitucionales se opuso y que contará con el acompañamiento del Ejecutivo municipal».
Es por ello que «la adhesión al descuento de dicha ley es sólo a los fines del acompañamiento de la clase trabajadora pública a la que pertenezco hace mas de 20 años y que ha visto conculcados sus derechos por la norma citada. No se trata de gestos ni de actos demagógicos, se trata de dejar en claro la pertenencia a la clase trabajadora, más allá de la distinción política con la que el pueblo me ha honrado, y a la que jamás traicionaré bajo el pretexto de gobernar para todos o que el ajuste lo deban pagar los trabajadores».
