Es en el marco de la renovación de autoridades de ese comité provincial que se renueva cada dos años. El llamado ocurre en medio de una alarmante sobrepoblación carcelaria que llegó a la justicia hace pocas semanas.
USHUAIA.- La Comisión de Justicia de la Legislatura está convocando a organizaciones civiles de derechos humanos a inscribirse en un Registro Provincial, con miras a la renovación de los integrantes del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La presentación de antecedentes y documentación se recepcionarán hasta el 31 de mayo.
“El Comité estará integrado por tres representantes de organizaciones de Derechos Humanos que demuestren experiencia y conocimiento del tema y que no se hayan des-empeñado como funcionarios políticos en el curso de los últimos dos años. Los integrantes de organizaciones de Derechos Humanos serán a propuesta por las mismas y aprobados por la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de Asesora-miento N° 6”, señala la convocatoria.
Además, agregan que “todos los integrantes del Comité deberán poseer una reconocida trayectoria en la promoción y protección de los Derechos Humanos, excepto los representantes del Poder Legislativo” y recuerdan que permanecerán en sus funciones por dos años “y podrán ser renovables”.
Para postularse, las organizaciones deberán presentar un miembro titular y uno suplente; y acreditar los antecedentes que posean en la materia con al menos un año de experiencia.
“La presentación de antecedentes y documentación será hasta el 31 de mayo de 2024 inclusive, en forma presencial en Mesa de Entradas de la Secretaría Legislativa de la Legislatura Provincial, situada en la calle San Martín 1441 y en forma remota al correo electrónico comisiones@legistdf.gob.ar, con asunto: “Registro ONG de Derechos Humanos, Ley Provincial 857”.
Alarmante sobrepoblación carcelaria
El mes pasado, el presidente del Comité contra la tortura en Tierra del Fuego Pablo Villegas, asistió en sede judicial a una audiencia en el marco de una medida cautelar interpuesta por ese cuerpo colegiado, debido a la situación de la población carcelaria en inmuebles dependientes del Servicio Penitenciario fueguino (SPP). Allí se solicitó la pericia a las unidades penitenciarias, entre ellas la alcaidía de Ushuaia con sobrepoblación.
En el acta que derivó del encuentro, la Justicia fueguina resolvió la producción de prueba pericial e informativa, de ingeniería y de arquitectura respecto de “condiciones estructurales sismorresistentes” y estado edilicio en general que incluye las instalaciones. En este sentido, se vinculará al Ministerio de Obras Públicas del Gobierno fueguino, quien podrá aportar documentación de los inmuebles de calle Deloqui y de Goleta Florencia de la capital fueguina.
Asimismo, Villegas señaló que, para la producción de pruebas, desde el órgano que preside “propondremos peritos de parte” para tener un escenario de la coyuntura carcelaria. La “situación que requiere de una solución en el corto plazo y de manera concreta”, dijo en función de “una situación alarmante de sobrepoblación carcelaria”, cerró.
Las inspecciones oculares se determinaron para el 28 de mayo a las 10:30 en el edificio de calle Deloqui y el 5 de junio, en Goleta Florencia.
Desafortunadamente, la sobrepoblación carcelaria es un tema recurrente también en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande que tiene capacidad para 60 detenidos y hoy está albergando a 173 personas. Ese número crece día a día a raíz de las sentencias que ponen tras las rejas a quienes hasta ese momento esperaban juicio en libertad.