Sigue el paro por tiempo indeterminado declarado por los gremios estatales que ayer marcharon hasta el Superior Tribunal para exigir que se declare inconstitucional las leyes de emergencia de la seguridad social y la reforma jubilatoria. Desde el Gobierno, el Jefe de Gabinete volvió a defender las normativas.
USHUAIA.- Los gremios estatales exigieron ayer el Poder Judicial que se pronuncie por la inconstitucionalidad de la ley de emergencia de la seguridad social, en especial en lo que hace a la creación del Fondo Solidario. El pedido lo hicieron en una movilización que se realizó desde la Casa de Gobierno hasta el edificio que ocupa el Superior Tribunal de Justicia.
Gremios como ATE, SIPERVIFUE (trabajadores de Vialidad), SEJUP (judiciales); entre otros, presentaron demandas de inconstitucionalidad contra las leyes que fueron sancionadas por la Legislatura durante la madrugada del 9 de enero y, en ese sentido, exigieron que los jueces traten el fondo de la cuestión y decidan sobre los planteos realizados.
Mientras que en Ushuaia los trabajadores estatales marcharon hacia el Superior Tribunal y luego a la Legislatura, para regresar a las carpas montadas frente a Casa de Gobierno; en Río Grande se efectuó una manifestación frente a la delegación del Ministerio de Trabajo, con corte de la calle Obligado, entre Estrada y Piedra Buena.
Defensa de las leyes
Ayer el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, salió a defender nuevamente el paquete de leyes sancionadas por la Legislatura y que los gremios piden que sean derogadas. En tal sentido dijo que las normativas promulgadas “son absolutamente necesarias y sacaron al IPAUSS de una situación de quebranto”.
El funcionario puntualizó que “solamente se señala el esfuerzo que se hace pero no se están teniendo en cuenta los logros que ya son también un hecho concreto. Hoy los jubilados están cobrando con un cronograma, se ha cobrado el sueldo y la ayuda escolar en una sola cuota”.
Gorbacz destacó que “si hay propuestas superadoras, que tengan en cuenta la real situación económica de la provincia y/o pueden apuntar a proteger a los sectores más débiles, con gusto vamos a tomar nota y estudiar de qué manera y en qué momento son posibles de aplicar”.
“Lo que no podemos hacer es salir a pedirle a los ciudadanos que se jubilan a los 65 años, porque trabajan en el privado o en el Estado nacional, que hagan un esfuerzo ellos para que quienes somos estatales provinciales podamos jubilarnos antes de los 60 años. Eso es injusto”, consideró.