“Hay un plan represivo que tiene como finalidad establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina”, denunciaron en una conferencia de prensa, donde informaron sobre la presentación de la demanda judicial.
BUENOS AIRES (NA).- El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria anunció este lunes la presentación de una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios por la represión sufrida por varios legisladores durante la protesta que se desarrolló el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso mientras se debatía el proyecto de Bases.
En una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de la Cámara baja el jefe de la bancada, Germán Martínez, denunció un “claro plan represivo” en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich.
Para el santafesino, la represión policial que padecieron diputados y diputadas de su bloque “es un eslabón más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes”.
“No es la primera vez que lo hace. Recordemos que el presidente inició su mandato a espaldas del Congreso argentino. El presidente arrancó su mandato con el DNU 70/2023 arrogándose facultades que no son propias del Poder Ejecutivo y que les corresponde al Congreso. El Presidente no dejó en ningún momento de agraviar, de insultar a diputados nacionales de distintas bancadas, no importa quién”, reprochó.
Según Martínez, “esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido” y también tiene como blancos a ciudadanos de a pie, “muchos de los cuales no han recuperado su libertad”.
“Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina”, sentenció el titular de la bancada peronista, quien comentó que la denuncia judicial está patrocinada por Alejandro Rúa y recayó en el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de Ramiro González.
Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau precisó que “los delitos que se le imputan en esta denuncia a estos funcionarios son los delitos de tormentos, vejámenes, privación ilegitima de la libertad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
La presentación judicial, que se efectuó este martes al mediodía, apunta contra Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad Vicente Ventura Barreiro, el prefecto general de la PFA Guillermo Giménez Pérez.
Se enviaron copias al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, a la Unión Interparlamentaria Mundial de la ONU, y a la Procuración de Violencia Institucional.
Durante su alocución, Moreau calificó a Bullrich como “una mercenaria de la violencia estatal” y dijo que ella confesó en declaraciones públicas que ordenó la represión contra diputados nacionales de forma adrede, con el objetivo de “intimidar” a los ciudadanos comunes para que vaciaran la plaza del Congreso.
Expresiones de damnificados
Damnificada en el ataque con gases, la diputada nacional Carolina Yutrovic relató que “nos tiraron gas y nos quedamos ciegos. También nos tiraron en la boca y nos seguían ‘topeteando’ con los escudos”. “No sé qué nos hubiera pasado si nos hubiéramos caídos porque estaban absolutamente sacados y vamos a usar todas las medidas legales para evitar que Bullrich haga este tipo de acciones”, sumó.
De igual manera, el diputado nacional Carlos Castagneto manifestó: “Perdí la visión, sentí como un soplete de pintura en la cara y un calor muy intenso”. En esa línea, añadió: “Sentí que me explotaba la cabeza, aun siento la cara muy caliente y me cuesta la lectura”.
“No podemos entender esta manera de hacer política porque cuando en un proyecto de ley se quiere poner un protocolo antipiquetes, la ley no es buena para el pueblo”, enfatizó el legislador. “Salimos con la gente a acompañar”, aclaró.
También le respondió al comunicado de la Oficina del Presidente: “No somos terroristas ni quisimos hacer un golpe de Estado”, y concluyó: “Nuestra política no es dar cargos, sino la convicción de que tenemos que defender a la mayoría del pueblo argentino”.
En última instancia, la diputada nacional Lorena Pokoik sumó su postura: “Lo peor que nos puede pasar es normalizar la violencia institucional”, y lanzó una serie de críticas contra Milei: “no ha parado de atentar contra el Congreso”.
Así las cosas, remarcó que “no somos terroristas ni golpistas, somos representantes del pueblo” y cerró: “Estamos en un momento muy grave porque se está naturalizando la criminalización de la protesta social y la detención por cuestiones políticas”.