El gremio que agrupa a los docentes fueguinos presentó un proyecto de ley en el Parlamento que propone mayor presión fiscal para afrontar la inversión educativa.
USHUAIA.- Mediante una nota ingresada a la Legislatura la semana pasada el Sindicato Único de la Educación Fueguina (SUTEF) puso en consideración de los legisladores un anteproyecto denominado Ley de Financiación Básica del Sistema Educativo Provincial.
La nota ingresó como asunto particular el día 7 de octubre pasado y lleva la firma de Amelia Torres, secretaria de administración y actas provincial del SUTEF.
Para hacer frente a la creación de este nuevo sistema de financiamiento los docentes proponen reasignar partidas presupuestarias y afectar recursos provenientes de:
-Una alícuota adicional de 3% sobre operaciones de servicios no residenciales en tierras improductivas.
-Una alícuota del 1% anual sobre el valor de mercado de los bienes inmuebles improductivos que no hayan sido objeto de operaciones en el calendario anterior.
-Una alícuota adicional del 3% sobre servicios para la navegación.
-Una alícuota adicional del 3% sobre actividades extractivistas de hidrocarburos.
-Una alícuota adicional del 3% a servicios para la práctica deportiva de la caza y la pesca.
Además, se aclara que “dada la afectación específica de los recursos del presente artículo, los mismos no serán coparticipables a los municipios y serán transferidos a una cuenta especial para ser administrada por el Ministerio de Educación de TDF hasta tanto se cree el Consejo Provincial de Educación como órgano ejecutivo”.
Nuevos parámetros
Según indicaron en los fundamentos, este proyecto de ley tiene por objeto “establecer nuevos parámetros, rígidos, inamovibles, básicos e indispensables para la determinación en la ley de presupuesto de los recursos patrimoniales que el Estado provincial deba afectar para financiar el sistema educativo provincial”.
“Asimismo acompañamos los diferentes medios de financiación que aseguren la sostenibilidad presupuestaria y fiscal de la propuesta con un criterio progresista y de estricta justicia en la recaudación y distribución de recursos de la provincia”.
El proyecto define la Financiación Básica del Sistema Educativo Provincial “como el procedimiento obligatorio y previo a la sanción de la ley de presupuesto provincial” y establece que “el proyecto de ley presupuestaria que envíe el Poder Ejecutivo deberá contener los siguientes datos:
-Cantidad de establecimientos educativos e inmuebles afectados al servicio educativo, discriminando por nivel y modalidad y aclarando la cantidad de secciones por establecimiento.
-Cantidad de alumnos cursando regularmente, aclarando solicitud de vacantes insatisfechas en el año en curso y cantidad de solicitudes de vacantes existentes al momento de presentar el proyecto.
-Deberá informar la cantidad de trabajadores docentes, discriminados por situación de revista, por nivel y/o modalidad y respecto a situación activo o pasiva”.
En cuanto a los mínimos de financiación que deberá garantizar el Estado provincial, el proyecto fija que “el proyecto presentado por el PE deberá estar integrado por partidas presupuestarias que aseguren la remuneración de un cargo docente testigo o el equivalente a 21 horas cátedra. Sea igual o supere el valor de la canasta básica informada por el Indec”.
“Para la estimación de recursos se tendrá en cuenta la nómina actual de docentes, previendo un crecimiento del plantel equivalente a la cantidad de docentes por alumnos cuyas vacantes se ampliarán en la proyección del siguiente ciclo lectivo”.
También deberá tener en cuenta “Inversión para favorecer el acceso igualitario a la educación y formación en nuevas tecnologías, igualando un piso suficiente de integración de la mochila pedagógica en orden a bienes tecnológicos, sociocomunitarios, culturales, así como también un programa de becas de acceso a laboratorios, asegurando un acceso pleno e igualitario hacia la formación”.
Finalmente, se deberá considerar “el presupuesto necesario para el mantenimiento, refacción y mejora de los establecimientos educativos públicos, así como también la adquisición y o construcción de nuevos inmuebles con fines de constituirse como nuevos establecimientos educativos y/o anexos de modo que aseguren un crecimiento de vacantes en un 5% anual por sobre el crecimiento vegetativo esperado”.