El Senado avanzó sobre un proyecto para la regularización de armas de fuego y la prórroga hasta 2025 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Ley 26.216), venidas en revisión de la Cámara baja.
BUENOS AIRES.- La iniciativa tiene el propósito de “crear una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego” porque “resulta esencial para cualquier política de seguridad pública garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”.
En esta oportunidad, Juan Pablo Allan, director ejecutivo de la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) fue invitado a exponer sobre el proyecto del PEN y destacó “la incorporación de siete modificaciones en Diputados que le aportaron mayor robustez y solidez a la iniciativa, lo que derivó en un mayor consenso y acompañamiento. Tenemos grandes expectativas de que suceda lo mismo en esta casa”.
Al referirse al objetivo del proyecto con media sanción, Allan expresó que “queremos saber qué ocurre en el país respecto de la cantidad de armas que hay, quién, cómo y dónde las tienen para acortar la distancia entre el Estado y el legítimo usuario”.
Cabe destacar que las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Carolina Losada también presentaron proyectos al respecto.
Crimen organizado
Finalmente se dio inicio al debate del proyecto de ley que establece un abordaje integral del crimen organizado, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con media sanción de Diputados.
La norma tiene como objetivo “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”. Contempla una pena más alta de prisión por la mera pertenencia a la asociación criminal. También, el castigo por el delito más grave que le corresponda a quien lo cometió y se aplicará de igual manera a todos los miembros de la organización.
La iniciativa busca desactivar las bandas dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
Para aportar al análisis de dicha medida expuso Fernando Soto, director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad.
“Este es un proyecto fundamental que le pusimos de nombre ´Ley antimafia´ y estamos hablando de crimen organizado porque, como dijo el presidente de la Corte, ´estamos con el obrar del crimen organizado frente a un Estado desorganizado”, afirmó Soto al comenzar su exposición.
Soto explicó que esta ley se aplica “cuando una organización criminal quiera dominar un territorio, cuando quiera obtener ventajas sobre otra organización criminal, atemorizar a la población o amedrentar a los organismos de Gobierno” e instó a los senadores a que: “Piensen en Rosario, esta no es una elucubración, esto pasó y ya no pasa porque hubo un control muy fuerte”.