USHUAIA.- La exdiputada nacional por Tierra del Fuego María Adela “Mariel” Calchaquí, que en 2014 fue condenada por presentar un título secundario apócrifo para poder cobrar adicionales, fue ascendida al Escalafón Profesional Universitario por el Gobierno Provincial, donde hoy presta servicios.
A través del decreto 862/25 publicado en el Boletín Oficial del 3 de abril, la vice Gobernadora Mónica Urquiza incorporó a la agente María Adela Calchaquí quien se desempeña en el ámbito del Ministerio de Bienestar ciudadano y Justicia Categoría 23 PAyT, Escalafón seco, con prestación de servicios; en la categoría E del Escalafón Profesional Universitario (EPU).
Cabe recordar que dicho escalafón está integrado por aquellos agentes que posean título universitario de grado reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación de la Nación y sean afectados a desempeñar funciones inherentes a las incumbencias profesionales de formación de grado.
En los fundamentos de la norma se aclara que, en el caso de Calchaquí, «Obra copia legalizada del certificado analítico y del título de Licenciada en Ciencia Política expedido por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Humanidades y ciencias sociales, correspondiendo a un título de nivel académico de grado”.
Según consta en el Decreto, la exdiputada nacional presta servicios en la cartera a cargo de Adriana Chapperón desde hace tiempo, ya el coordinador provincial de formación Ley Micaela, Masculinidades y Crecer con Derecho» del Ministerio de Bienestar y Justicia indicó que la agente cumple funciones «acorde a su profesión».
En 2014 Calchaquí llegó al banquillo tras una denuncia anónima en la que se expuso la presunta falsificación de su título secundario, que le permitió cobrar por 17 años un adicional salarial que no correspondía.
La empleada pública luego completó estudios superiores, pero valiéndose de la posibilidad de cursar para mayores de 25 años sin título secundario, previa aprobación de un examen nivelatorio.
En el juicio se consideró probada la intencionalidad de la imputada en hacerse del cobro del ítem salarial 43, pago por título secundario, a sabiendas de que no lo poseía, cuestión que mantuvo por 21 años, de la mano también de un control laxo del Estado, que lo descubrió recién en 2011.
Finalmente, en fallo dividido, los jueces condenaron a la diputada (mc) Mariel Calchaquí a dos años de prisión en suspenso. No quedó inhabilitada, como había solicitado el fiscal Guillermo Quadrini, debiendo cumplir normas de conducta y presentarse ante un patronato.
No obstante, en 2017 el Superior Tribunal de Justicia declaró extinguida por prescripción la acción penal impulsada contra la exdiputada. En esa oportunidad, la doctora María del Carmen Battaini votó en disidencia, al considerar que como la cuestión no fue planteada por la defensa, no fue abierta a prueba y alegaciones.
Cabe señalar que en el marco de esta causa, la imputada había suscripto un convenio con el Estado provincial por el cual abonó las sumas dinerarias supuestamente mal recibidas.