Nuevo plazo para la privatización de hidroeléctricas

El Gobierno fijó un nuevo plazo para convocar a un concurso público que permita avanzar en la privatización de cuatro empresas hidroeléctricas, respondiendo a un pedido de los gobernadores patagónicos involucrados en el proceso.

BUENOS AIRES (NA).- La decisión fue formalizada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 263/2025, estipulando «un plazo de 15 días contados a partir de la publicación del presente para llamar al Concurso Público Nacional e Internacional».

En agosto del año pasado se había establecido un periodo de seis meses para concretar la convocatoria, siendo renovado desde cero en octubre, cuando se designó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como organismo encargado de efectuar la venta de la porción mayoritaria de las acciones que transitoriamente está bajo control estatal. El plazo venció este 10 de abril, por lo cual se procedió a la extensión.

La mencionada instancia se busca llevar a cabo con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las sociedades Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

La nueva prolongación del lapso determinado para avanzar con el concurso se debe a una solicitud formal de los gobernadores patagónicos que tienen injerencia en el proceso al estar emplazadas las represas hidroeléctricas en sus territorios.

Al respecto, en la normativa se detalló que «teniendo en cuenta lo solicitado en la Nota del 7 de abril de 2025 por los gobernadores de las Provincias del Neuquén y de Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, respectivamente, resulta pertinente establecer un nuevo plazo para llamar a Concurso Público Nacional e Internacional».

La actividad de las hidroeléctricas ubicadas en la región Comahue continúa a cargo de las firmas concesionarias que tenían contrato vigente hasta finales del 2023, al ser prorrogado hasta avanzar con la nueva licitación, pero el título de propiedad pasó a estar transitoriamente bajo la tutela estatal para concretar el correspondiente concurso.

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