La jueza federal subogrante de Río Grande Mariel Borruto ordenó llevar a delante medidas de prueba para «corroborar las hipótesis delictivas» en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.
De esta forma, Borruto dio curso a la presentación de los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, que el 20 de abril formalizaron la denuncia contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Según se informó a través del portal Fiscales, las medidas de prueba sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores.
La denuncia es por la presunta comisión de «actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas», y otros delitos que se desprenden de esas acciones, como la contaminación ambiental y el contrabando.
En ese marco, Borruto solicitó informes a diferentes organismos del Estado que le habían sido propuestos la semana pasada por el fiscal federal local, el fiscal de distrito y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
De esa forma, la magistrada libró oficios a la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Prefectura Naval y la Inspección General de Justicia.
El objetivo es conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como asimismo a identificar a las personas físicas que las integran.
Al impulsar la acción penal, los fiscales remarcaron que deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina, que prevé hasta 15 años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio.
Además prevé el decomiso de los bienes vinculados -cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar- a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.
Y recordaron que la ley establece que «la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible».
La investigación también alcanza a otras sociedades que, directa o indirectamente, «habrían efectuado y/o estarían efectuando aportes de diversa índole a la maniobra delictiva», como Pretoleum Geo-Services (PGS), la cual mediante los buques de sus propiedad “PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer”, habría realizado tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos.
Por su parte Desire Petroleum p.l.c. habría suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL; Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico “MV Poseidon”, el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible “Eirik Raude”, con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino.
