BUENOS AIRES (NA).- El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer un estudio comparativo a cargo de expertos sobre las declaraciones juradas presentadas entre 2013 y 2015 por el presidente Mauricio Macri ante la Oficina Anticorrupción y ante la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue jefe de Gobierno de dicho distrito, en el marco de la causa por su participación en sociedades offshore en paraísos fiscales.
Fuentes judiciales informaron a NA que Delgado sugirió además al juez Sebastián Casanello que el informe podría ser realizado por profesionales de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), más concretamente los de la carrera de sociología, quienes están “altamente capacitados en metodología”.
“Tras esa tarea recién será posible ingresar en la otra discusión que propone el denunciante. Esto es, la que tiene que ver con valuaciones de inmuebles, porcentaje y valor de acciones, bienes en el exterior; es decir, con el contenido de los formularios. Esta actividad es propia de los contadores”, sostuvo el fiscal en su dictamen.
Delgado recordó a través de su escrito que la investigación apunta a demostrar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de bienes al no presentar en su declaración jurada su presunta participación como director de las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha, de Panamá, conocidas a partir de la investigación internacional “Panamá Papers”.
Además, remarcó que se intenta determinar -en caso de comprobar la existencia actual de dichas sociedades offshore- si las mismas tienen la finalidad de ocultar algún tipo de maniobra delictiva, como lavado de dinero.
La Fiscalía negó que se esté llevando a cabo una “incursión de pesca”, esto es la búsqueda de algún delito sin estar determinado el objeto de la causa desde antemano, pero sí advirtió que con el avance del caso fueron apareciendo múltiples sociedades.
“No sumamos sociedades ni fuimos de pesca”, rechazó la Fiscalía, en respuesta al cuestionamiento en ese sentido de los abogados de Macri, que acusaron al juez de llevar la investigación más allá de lo denunciado originalmente y que constituye el objeto procesal.
Las declaraciones juradas que se cotejarán son a raíz de la última ampliación en su denuncia que hizo el diputado Norman Darío Martínez, sobre distintos bienes presentados por Macri: en ese sentido, el fiscal aclaró que se busca determinar si hay contadicciones entre las distintas declaraciones juradas presentadas.
El diputado aseguró que Macri declaró en 2013 un terreno en Tandil sin señalar el tamaño, que al año siguiente que el mismo tenía 5.102.000 metros cuadrados y en 2015 51.020.000.
También señaló diferencias por una chacra en Maldonado, Punta del Este, donde en 2013 declara 33 hectáreas por 1.182.552 pesos y en 2015 unos 33 mil metros cuadrados y que fue adquirido por una donación.
Otro de los bienes es el departamento de Avenida Libertador y Cavia, donde Macri asegura que lo compró en 2011 por 765 dólares el metro cuadrado, aunque según el denunciante el valor real para esa época era de 7 mil dólares.
A principios de mes, el juez Casanello había ordenado nuevas medidas de prueba en esta causa contra el presidente Macri por las revelaciones de Panamá Papers y pidió información sobre sociedades que hasta el momento no estaban bajo investigación.
Casanello pidió a la Oficina Anticorrupción la declaración jurada de 2015 presentada por el jefe de Estado y solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ), por pedido del fiscal Delgado, copias certificadas de varias sociedades del grupo Macri: reclamó información societaria sobre Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, entre los años 1985 y 2007.
Casanello además pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que aporte los eventuales reportes de operaciones sospechosas en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha, las dos firmas en las que Macri figura en el directorio y que no había presentado en sus declaraciones juradas de bienes.
El listado también incluye a las firmas Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group, relacionadas a Fleg Trading y Kagemucha.
En la causa se sospecha que existió un conglomerado de sociedades interconectadas a partir de aquellas dos firmas originales, por lo que la causa original contra Macri podría ampliarse de la denuncia original por la posible omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
