BUENOS AIRES (NA).- La Cámara de Diputados emitió ayer dictámenes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto de ley ómnibus que establece el pago de la deuda histórica a los jubilados y un régimen de blanqueo de capitales, que será debatida en una sesión ordinaria el miércoles de la semana que viene.
Estos son los puntos principales del proyecto que obtuvo mayores adhesiones, firmado por los diputados del interbloque oficialista, Cambiemos; del interbloque federal Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), que preside Sergio Massa, y el Bloque Justicialista, que lidera el exkirchnerista Diego Bossio:
– El Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados establece el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con los trabajadores pasivos por la falta de actualización de sus haberes conforme marca la ley y a distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
– El programa tiene una duración de tres años, con la posibilidad de que el Congreso prorrogue su vigencia por otros tres más, pero el gobierno de Mauricio Macri prevé pagar en dos años la deuda con los 2,4 millones de jubilados.
– De ese universo de jubilados, hay tres grupos: quienes ya tienen una sentencia firme a su favor por planteos judiciales sobre la falta de actualización de sus haberes; quienes le iniciaron juicio a la Anses pero aún no obtuvieron fallo, y quienes están en condiciones de reclamar el pago de la deuda pero no realizaron ninguna acción judicial.
– Según la Anses, los del primer grupo tendrán una mejora en sus haberes mensuales del 50% (es decir que si cobran 10.000 pesos, una vez homologado el acuerdo para el pago de la deuda pasarán a cobrar 15.000 pesos); los del segundo grupo, del 40%, y los del tercer grupo, del 35%.
– El Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía (FGS) que está compuesto por una serie de activos que suman en la actualidad 770 mil millones de pesos, mientras la deuda por sentencias firmes alcanza a 50 mil millones de pesos, a la que se añade un flujo anual de 75 mil millones.
– Una segunda fuente principal para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por el régimen de blanqueo de capitales que es el otro gran capítulo de esta ley ómnibus.
– Se crea la Pensión Universal para la Vejez, que supone el 80% del haber mínimo jubilatorio para todas las personas mayores de 65 años, siempre que no cobren jubilaciones ni pensiones.
– El blanqueo, que el Gobierno llama sinceramiento, permite regularizar las deudas de los principales impuestos nacionales, con un descuento del 15% si se hace al contado o en 60 cuotas.
– En caso de que los deudores acepten pagar sus pasivos contraídos hasta en 60 cuotas, la tasa que deberán afrontar tendrá un techo del 18 por ciento anual, un nivel sensiblemente más bajo que las actuales tasas del mercado financiero.
– El impuesto a los Bienes Personales tendrá una baja gradual de las alícuotas hasta 2019, pero no será eliminado como estaba previsto. En cambio, ese año sí quedará eliminado el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
– La pauta de recaudación del blanqueo de capitales que maneja el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, es de 20 mil millones de pesos, aunque estiman que podrían recaudar aún más.
– El premio a los contribuyentes que tengan su situación al día con el fisco es la exención del pago del impuesto a los Bienes Personales por tres años.
– El otro premio, agregado este jueves, es que los contribuyentes no alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales, siempre que estén al día con la AFIP, quedarán eximidos por única vez de que se les compute el medio aguinaldo que cobrarán a fin de mes para el cálculo del impuesto a las Ganancias.
– Se crean dos comisiones: una que tendrá como misión en un plazo de tres años de reformar el sistema impositivo, que estará integrada por 15 diputados y 15 senadores, y otra, que funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo, que tendrá como objetivo la reforma del sistema previsional.
– La ley ómnibus cuenta con un anexo en el que se formaliza el acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y los gobernadores para devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal que la Nación les retiene a las provincias para financiar la Anses. Esta devolución será en cinco cuotas anuales del 3% cada una.
– El proyecto también autoriza a vender acciones que la Anses tiene en empresas privadas. Estas acciones representan el 9,2% del FGS y el organismo previsional podrá vender siempre y cuando no bajen del 7% de la porción en este fondo. Por debajo de ese 7% deberá pedirle autorización del Congreso, salvo casos de canjes de acciones y Ofertas Públicas de Adquisición (OPA).
Asimismo, la cantidad de acciones no podrá superar el 50% del FGS.
– La ley también establece un mecanismo de pago del Estado nacional de una deuda que mantiene con 13 provincias que transfirieron sus cajas previsionales a la Anses durante los años 90 y una moratoria para las restantes 11 provincias que sí transfirieron sus cajas previsionales y que mantienen un pasivo con la Nación en concepto de aportes patronales.
