BUENOS AIRES (NA).- El Estado perdió un ingreso fiscal superior a los 12.000 millones de pesos en los últimos tres años por la exención que tienen los jueces en el pago del impuesto a las Ganancias, según un informe privado difundido ayer.
El Ministerio de Economía calculó que en 2016 por esa exención se dejarán de recaudar 5.151 millones de pesos, pero con la aceleración de la inflación el monto podría ser muy superior.
Así surge de un estudio realizado por el Centro de Economía Regional Experimental (CERX), el cual precisó que en los últimos tres años se perdió el ingreso de 12.020 millones de pesos por la desgravación.
“La exención de ganancias a los jueces es poco común, y casi inédita, en el mundo. Y aunque todos coinciden de lo incomprensible de la legislación local, nadie la cambia”, argumentó la entidad.
Este año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejará de recaudar al menos 5.151 millones de pesos por esa excepcionalidad a las normas tributarias.
Así lo calculó el Ministerio de Economía en sus Gastos Tributarios, que es lo que deja de percibir el fisco por beneficiar a determinadas actividades, zonas, consumos o en este caso, contribuyentes.
“Más allá de la inequidad del beneficio frente a todos los asalariados y a los contribuyentes en general, donde la lógica jurídica genera que los jueces no tengan el mismo tratamiento impositivo que todo ciudadano, la inconsistencia queda de manifiesto en un momento donde el gobierno enfrenta serios problemas fiscales, y la presión tributaria ha subido para todos los sectores económicos”, agregó CERX.
Si bien esos 5.151 millones que el Estado deja de recaudar tienen una incidencia porcentual muy baja en la recaudación total anual, el monto es significativo en términos absolutos por la pérdida de recursos que podrían ser destinados a otros fines.
Según un trabajo realizado por la misma entidad: en 2015, por ejemplo, el monto destinado al plan PROGRESAR fue de 4700 millones de pesos, o el costo fiscal reciente de poner un tope de 400% al aumento en las tarifas residenciales de gas fue de 2.250 millones.
En 2015, la Nación cerró un programa con el BID de 400 millones de pesos dirigido a financiar la construcción de escuelas y programas educativos.
Si bien el privilegio de eximir de ganancias a los magistrados existe desde 1936, en 1996 la Ley 24.631 derogó esa exención, pero automáticamente la Corte intervino y la declaró inaplicable.
“Con un agravante, en la mayoría de las Provincias y en CABA, este beneficio se extendió a buena parte de los empleados administrativos del poder judicial, que tampoco pagan ganancias y hacen que lo que realmente deja de recaudar el Estado sea bastante superior a los 5.151 millones de pesos”, agregó.