BUENOS AIRES (NA).- El exsecretario de Obras Públicas José López fue sometido ayer a una serie de estudios médicos que confirmaron que está “apto para declarar” hoy, luego de que su defensa informara sobre un presunto brote psicótico; mientras que el juez federal Daniel Rafecas dispuso la inhibición general de sus bienes y ordenó una serie de allanamientos en varias ciudades donde tiene propiedades declaradas.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, López fue trasladado por la tarde desde la Fiscalía hacia el hospital “Vicente López y Planes” del partido bonaerense de General Rodríguez, donde se evaluó su estado de salud, luego de que su abogada advirtiera que el exfuncionario “escuchaba voces”, “alucinaba” y no “entendía” ni “recordaba lo que está pasando”, por lo que solicitó una pericia psicológica.
Sin embargo, los estudios clínicos, psicológicos y neurológicos no arrojaron “ninguna contraindicación” para que declare este jueves a primera hora en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Rafecas, en el marco de la causa que lleva adelante en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
El médico Patricio Díaz, jefe de Guardia del hospital, señaló a la prensa que el exfuncionario fue sometido a una evaluación clínica y psiquiátrica cuyos resultados fueron normales, ya que estaba “lúcido y sin inconvenientes, ubicado en tiempo y espacio”.
“Se le hicieron los controles clínicos, neurológicos, psiquiátricos, de laboratorio, radiografía y tomografía computada.
No aparecía ninguna lesión por lo cual fue externado del hospital.
Se fue compensado y con total conocimiento de sus acciones. Para nosotros está apto para declarar, no hay nada que lo impida”, indicó Díaz a los periodistas y agregó que sólo se le detectó una “leve alteración de la presión arterial” debido a que “no estaba tomando la medicación”.
Poco antes de su traslado, el Juzgado de Rafecas había librado oficios a los distintos registros de la propiedad automotor e inmueble del país para disponer la inhibición general de los bienes atribuidos a López, su esposa Amalia Díaz; y su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz.
Rafecas le había pedido al juzgado de garantías 2 de Moreno, que entiende en la causa por la portación ilegal de arma a raíz de la carabina que se le encontró en su poder a López, que le remitiera el expediente en lo relacionado con el hallazgo del dinero, al considerar que se trata de prueba que se relaciona con el caso por presunto enriquecimiento ilícito que él investiga.
Asimismo, la Oficina Anticorrupción presentó en sobre cerrado más información entorno a López y datos sobre sus propiedades que el Juzgado ahora está investigando, al tiempo que -en una presentación paralela- solicitó al juez federal Claudio Bonadío que determine si el dinero decomisado está relacionado con el exministro Julio de Vido.
